Por Guillermo Geremía.

“Considero que debe ser rechazo”. 5 palabras fueron suficientes para sumar un traspié judicial para la Rectora Marisa Rovera, en su intención de instalar como querellante en la causa que lleva adelante el Juez Federal por el uso privado de laboratorios de la Facultad de Ciencias Exactas. Justo ahí vino a clavarse esta “astilla del mismo palo” que instaló el descrédito en un grupo investigadores a quienes la máxima autoridad universitaria conoce mucho más que profesionalmente.
La resolución 17167/2024 del Poder Judicial de la Nación en su delegación del sur de Córdoba fue firmada el martes 17 y los fundamentos fueron desplegados en 3 fojas y las firma tanto del Juez como de su secretaria María Lucía Storani. Se enmarca en la causa caratulada: “Imputado: Masciarelli Oscar y otros s/Averiguación delito”. Si, 5 investigadores de la universidad investigados por un delito federal denunciados por una propia compañera de trabajo (Oscar Masciarelli, Lucas Gallarato, Analía Susana Llanes, Julia Iparraguirre y Judith Reynaga). Estos docentes están imputados por el Fiscal Rodolfo José Cabanillas junto a un sexto partícipe externo de la universidad considerado como encubridor de las supuestas ilegalidades.

Los delitos que se investigan son administración inflel, defraudación y peculado en perjuicio de la UNRC. “Precisamente los hechos consistieran en utilizar bienes e instalaciones de la UNRC para brindar servicios profesionales a terceros, en beneficio propio y evadiendo cumplir con la normativa y reglamentación vigente para ello”, versa la resolución que es la primera manifestación pública judicial que se conoce tras los hechos denunciados a fines de 2023 primero en la propia Facultad, luego a las autoridades universitarias, posteriormente al CONICET y por último a la Oficina Anticorrupción. Cuando los hechos tomaron estado público por la difusión periodística de los mismos comenzó a intervenir de oficio el Poder Judicial.
Allanamientos en el Campus, secuestro de elementos, análisis de información publicada en redes llevaron al Fiscal a detener a 3 de los 5 investigadores denunciados dado que se detectaron maniobras de ocultamiento o desaparición de pruebas consideradas fundamentales para la Justicia. El sisma provocado por el escándalo fue exponencialmente escalando en dimensiones que forzó a Asuntos Jurídicos a licenciar a los investigadores. Advertidos de la maniobra de sus empleadores adelantaron la salida transitoria solicitando carpetas médicas para seguir percibiendo sus haberes.
Además la Rectora Rovera, junto a su sucesor en la Facultad, el decano Barros y al abogado de la casa de altos estudios Hugo Abraham explicaron en conferencia de prensa los alcances de las medidas adoptadas y plantearon que iban a solicitar constituirse como querellantes. Es decir, meterse adentro de la causa para seguir de cerca el avance de la investigación. Rovera manifestó hacerlo por “interés institucional y académico (…) para proteger el prestigio de la universidad”. El Juez Ochoa (que también es docente en la UNRC), consideró “que es una etapa temprana en la que aún pueden surgir nuevos sujetos internos o externos a la institución, que hayan intervenido en los hechos a título de autor, cómplice o instigadores (art. 45, 46 de Código Penal), razón por la cual una admisión del pedido podría conspirar contra el éxito de los fines de la investigación”. En lenguaje coloquial “no los dejo saber lo que estamos haciendo porque sospechamos que hay otros implicados en los delitos investigados”.
Para algunos juristas locales hubo un “error técnico” en el planteo de la Rectora mientras que desde los letrados de la UNRC aseguran que la estrategia fue impulsar a que Ochoa fuera a fondo con sus actuaciones al solicitar ser querellantes y forzar su rechazo. La estrategia jurídica tuvo un duro impacto en la relaciones entre el Rectorado y la Facultad. Desde Ciencias Exactas sintieron que las autoridades universitarias “le soltaron la mano”. La Vicedecana tiene un vínculo afectivo de amistad con una de las investigadoras imputadas y hasta amenazó con dar un portazo. Otros miembros de la administración de la Facultad, no involucrados en la causa, también solicitaron carpetas médicas, dado que la propia universidad los puso bajo la campana de sospecha, “no les gustó que vayan a revisarles los cajones”, manifestó una testigo directa del malhumor que reina en Exactas.

El Juez Federal Carlos Ochoa ya dio vuelta el reloj de arena para marcar la suerte de los imputados. Tiene en su despacho el pedido del Fiscal de procesar a los 5 investigadores. Se presume que antes de la feria judicial podría tomar alguno de los tres caminos que tiene. Confirmar el pedido del ministerio público, con la prueba merituada dictar la falta de mérito de todos o algunos de ellos y seguir investigándolos o desvincularlos de la acción penal sindicada. Mientras tanto la denunciante de los hechos fue protegida con una orden de restricción por si los acusados vuelven a sus lugares de trabajo y así evitar que tomen contacto intimidatorio o de hostigamiento para quién “destapó la olla” de los kioscos privados que aparentemente atendían algunos dentro de las instalaciones públicas.

Con el presupuesto de la universidades públicas frezado pro el gobierno de Javier Milei, Rovera no ha podido en lo que lleva de gestión imponer su impronta en el Rectorado. A poco de andar renunció el Secretario General, un hombre clave en el gobierno del Campus. Luego tuvo que desplazar al responsable de prensa institucional por las falencias comunicacionales de lo que sucede en la UNRC. El escándalo de “su” Facultad de Exactas parece no haber despejado todos los interrogantes como se sugiere desde el entorno de la máxima autoridad de universitaria. Además son cada vez menos disimulables las diferencias con la Vice rectora que por estos días está de licencia médica tras quebrarse un brazo en una caída al salir de un acto oficial en Las Higueras. Demasiados tropiezos hacen de estos, un tiempo complicados para el Rectorado. Así son las cosas.