Tras el decomiso de bienes, la Justicia evalúa incautar el departamento de CFK en San José 1111

Luego de ordenar el decomiso de las propiedades a nombre de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, los fiscales Luciani y Mola evalúan una segunda etapa que incluye bienes bajo sociedades anónimas. Entre ellos aparece el departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria.

El avance del decomiso en la causa Vialidad abrió un nuevo capítulo judicial: los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola analizan ahora extender la incautación hacia bienes registrados bajo sociedades anónimas, lo que podría incluir el departamento de San José 1111, actual domicilio de Cristina Fernández de Kirchner. La propiedad, ubicada en el barrio de Constitución, fue comprada en 2010 por alrededor de US$370 mil y figura a nombre de la firma Hotesur.

Esta nueva etapa aparece luego de que el tribunal priorizara, en un primer tramo, los bienes directamente vinculados a los imputados. Una vez asegurado ese bloque, la Justicia evalúa avanzar sobre inmuebles bajo estructuras societarias. Para los abogados de la expresidenta, ese departamento no puede incautarse porque fue cedido a sus hijos Máximo y Florencia; sin embargo, los fiscales sostienen que fue adquirido con fondos provenientes de maniobras de corrupción, por lo que debería ser alcanzado por el decomiso.

El fallo que ordenó esta medida remarca que el decomiso se inscribe en una tradición histórica del derecho penal argentino: impedir que el delito rinda beneficios y neutralizar los efectos patrimoniales de una conducta ilícita. Además, enfatiza las obligaciones internacionales del país vinculadas a la recuperación de activos derivados de hechos de corrupción, tal como establecen la Convención de la ONU y la Convención Interamericana.

Entre los bienes ya alcanzados se encuentran propiedades emblemáticas del patrimonio Kirchner, como el Hotel Los Sauces en El Calafate, valuado en unos US$15 millones. Resta definir si será reutilizado con fines sociales o subastado, aunque los hijos de la expresidenta pueden presentar recursos que extiendan los plazos judiciales. La decisión final recaerá en la Corte Suprema, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, que deberá inventariar y tasar cada uno de los activos.

El proceso promete extenderse durante meses y no está exento de tensiones políticas. En paralelo, se observa un patrón que ya generó polémica en los tribunales federales: la cesión masiva de bienes a los hijos de Cristina Kirchner previo a los avances del caso Vialidad, una maniobra que los fiscales interpretan como parte de la estrategia para proteger el patrimonio familiar frente a medidas judiciales que hoy, finalmente, se están ejecutando.