Causa cuadernos: Clarens reveló cómo se recaudaban USD 300 mil por semana

Durante la tercera jornada del juicio oral, se leyó la declaración del financista Ernesto Clarens, quien describió un esquema semanal de recaudación millonaria vinculado a la obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Según su relato, el dinero era recolectado de constructoras, convertido en dólares y entregado a José López y Daniel Muñoz.

La tercera audiencia del juicio por la causa Cuadernos dejó al desnudo la arquitectura interna de uno de los presuntos sistemas de recaudación ilegal más extensos de la Argentina. La declaración de Ernesto Clarens, leída en la sesión virtual, detalló cómo se movían, según él, unos USD 300 mil por semana, operativo que habría sido ordenado por Néstor Kirchner y luego continuado durante la presidencia de Cristina Fernández.

Clarens, señalado como “el financista de Báez”, relató que la operatoria comenzó en 2005 cuando Carlos Wagner, desde la Cámara de la Construcción, le informó que el Gobierno buscaba financiarse a través de retornos de la obra pública. Constructoras de renombre, CARTELLONE, LOSI, ESUCO, CHEDIACK, IECSA, entre otras, enviaban semanalmente montos en pesos, que Clarens convertía en dólares o euros para luego entregarlos a José López o Daniel Muñoz. El porcentaje habitual de esas “contribuciones” rondaba el 10% del valor certificado.

En su exposición, Clarens afirmó que las entregas eran coordinadas por Muñoz, quien definía puntos de encuentro que iban desde el Hotel Panamericano hasta el edificio de Juncal y Uruguay, donde vivía el matrimonio Kirchner. Incluso mencionó episodios en los que debía buscar euros de alta denominación “por su menor volumen físico”. También describió un nivel de conocimiento directo por parte de Cristina Kirchner al revelar que “López preparaba los pagos de Vialidad con la presidenta”.

Uno de los pasajes más políticos de su confesión incluye la presunta orden de Cristina de adjudicar a Cristóbal López la obra del tramo Perito Moreno, en Santa Cruz. Clarens afirmó que tuvo que contactar a todos los competidores para que desistieran o acompañaran la candidatura del empresario. Otro punto clave fue el pedido vinculado a Hebe de Bonafini y el programa Sueños Compartidos, que según él demandó 70 millones de pesos para resolver cuestiones judiciales.

Aunque el juicio se desarrolla en Buenos Aires, el caso vuelve a poner en debate el impacto de la obra pública y el presunto manejo centralizado de los fondos. Lo que se discute es si la cartelización denunciada por Clarens condicionó la competencia real de empresas de provincias, afectando la capacidad de desarrollo local y el acceso equilibrado a contratos nacionales en territorios periféricos.

La lectura de la confesión abre escenarios políticos sensibles: reacomodamientos en las defensas, nuevas citaciones a imputados colaboradores y un debate que vuelve a atravesar al kirchnerismo en pleno. Con más de 80 acusados, el juicio avanza entre revelaciones que prometen seguir reconfigurando el mapa judicial y político alrededor de la obra pública nacional.