Reforma laboral y coparticipación: las provincias advierten por una fuerte pérdida de recursos

Mientras el Gobierno nacional impulsa la reforma laboral con la promesa de aliviar el impuesto a las Ganancias, las provincias alertan por el impacto fiscal que tendría la baja de ese tributo coparticipable. Un informe del Centro CEPA estima pérdidas millonarias y reaviva la tensión entre Nación y los distritos.

En la antesala del debate por la reforma laboral, el Gobierno de Javier Milei vuelve a poner sobre la mesa una promesa conocida: bajar el impuesto a las Ganancias para entusiasmar a los trabajadores. Sin embargo, detrás de ese alivio impositivo aparece un efecto colateral que preocupa y mucho a las provincias: menos recursos por coparticipación y sin un esquema claro de compensación.

Ganancias es un impuesto coparticipable. Cada punto que se reduce impacta de manera directa en las finanzas provinciales. Según un informe del Centro CEPA, la baja de alícuotas implicaría una pérdida promedio del 0,2% del Producto Bruto Geográfico (PBG) de las provincias, con efectos desiguales y marcadamente regresivos en términos federales.

El estudio detalla que algunas provincias sufrirían un impacto mayor. Tierra del Fuego aparece entre las más afectadas en proporción a su economía, mientras que la provincia de Buenos Aires perdería cerca del 0,2% de su PBG. Santiago del Estero, Chaco, Jujuy, Santa Fe, Río Negro y San Juan también figuran entre los distritos con fuertes caídas, al igual que Entre Ríos, Formosa, Santa Cruz, San Luis, La Rioja y La Pampa.

Traducido a pesos, las cifras dimensionan el problema:

• Provincia de Buenos Aires: alrededor de $359.000 millones menos

• Córdoba: $100.000 millones menos

• Santa Fe: $105.000 millones menos

• Chaco: $90.000 millones menos

• Mendoza: $70.000 millones menos

• Corrientes: $65.000 millones menos

• Neuquén: $30.000 millones menos

• Tierra del Fuego: $24.000 millones menos

• Ciudad de Buenos Aires: $33.834 millones menos

  
  

La paradoja salta a la vista: la Ciudad de Buenos Aires, el distrito con mayor PBI per cápita del país, es uno de los menos afectados en términos relativos. Para las provincias, el esquema vuelve a profundizar un federalismo desigual.

Los gobernadores negocian con la Casa Rosada algún mecanismo de compensación, pero hasta ahora no hay anuncios concretos. El problema se agrava en un contexto donde las provincias ya enfrentan recortes en obra pública, salud, educación y seguridad. La eventual pérdida de recursos por coparticipación suma presión a presupuestos que vienen ajustados desde hace meses.

Desde las provincias advierten que, si la reforma laboral avanza sin correcciones, el costo lo terminará pagando la mayoría de los argentinos: menos fondos para políticas públicas esenciales y mayor dependencia de un Estado nacional que concentra decisiones y recursos.

En ese marco, este martes se esperan protestas en la ciudad de Córdoba encabezadas por gremios que no responden a la CGT nacional. Entre ellos, el Sindicato de Prensa (Cispren), que rechaza la reforma laboral por incluir la eliminación del estatuto que regula la actividad periodística.

La movilización suma un componente político y federal al debate: no solo se discuten derechos laborales, sino también cómo se distribuyen los recursos en un país profundamente desigual.

Mientras el oficialismo empuja la reforma como parte de su programa económico, las provincias y los sindicatos advierten que el impacto real va más allá del salario de bolsillo. El eje de la discusión vuelve a ser el mismo: quién gana, quién pierde y cómo se redefine el federalismo argentino en un contexto de ajuste.

La reforma laboral ya empezó a discutirse. El costo fiscal, también. Y la pelea por los recursos promete escalar en las próximas semanas.