La provincia salió al cruce del informe por arsénico y aseguró que el agua potable no está afectada
- Telediario Digital
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El Gobierno provincial respondió al informe que señalaba niveles elevados de arsénico en distintos puntos del país. Aseguró que las redes formales de agua potable en Córdoba cumplen los valores permitidos y que los controles se realizan de manera periódica.
El informe del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), que reveló niveles preocupantes de arsénico en distintas zonas del interior argentino, generó inquietud en Córdoba. Frente a la repercusión del estudio, Edgar Castelló, secretario de Recursos Hídricos de la Provincia, salió a aclarar que ninguna red formal de agua potable presenta valores superiores a los establecidos por la normativa vigente.

Castelló subrayó que los sistemas regulados —municipales, provinciales y de cooperativas— cuentan con monitoreos constantes y cumplen con los parámetros exigidos.
“El agua que circula en las redes formales de Córdoba es segura”, afirmó, en un intento por llevar tranquilidad luego de que el mapa del ITBA incluyera referencias a localidades cordobesas.
La discusión reabre una desigualdad federal que se repite hace décadas: mientras las ciudades cabeceras tienen infraestructura consolidada, sectores rurales y periurbanos dependen de pozos individuales o pequeñas perforaciones sin controles regulares, donde los niveles naturales de arsénico pueden variar. Ese es el punto donde vecinos, organizaciones ambientales y legisladores piden mayor presencia del Estado.
Especialistas en recursos hídricos señalan que la aclaración de la Provincia despeja dudas sobre las redes formales, pero no reemplaza la necesidad de un registro actualizado y público que identifique los puntos críticos, especialmente en regiones de la llanura pampeana donde el arsénico aparece por condiciones geológicas.
De cara a lo que viene, el pronunciamiento de Castelló podría derivar en nuevos pedidos de informes y mayores auditorías locales. Mientras tanto, el Gobierno provincial insiste: el agua potable de red cumple los estándares y no representa riesgos sanitarios, aunque la presión social por más transparencia y obras de fondo promete continuar.

