Finalmente, y con 38 mil firmas certificadas, el proyecto de recomposición jubilatoria entra a la legislatura

Alicia Marcela Monje y Griselda Crespi, parte de un grupo de siete jubiladas, encabezaron una “patriada” que reunió 38.800 firmas certificadas para presentar en la Legislatura un paquete de cinco proyectos de ley. Buscan recomponer el 82% móvil, derogar el descuento del 20% sobre jubilaciones y pensiones, abrir la Caja de Jubilaciones y dejar de ser cautivas de la obra social provincial.

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El próximo 10 de diciembre, a las 11, un proyecto de recomposición previsional por iniciativa popular llegará a la Legislatura de Córdoba respaldado por 38.800 firmas certificadas.

La movida está impulsada por un grupo de siete jubiladas, entre ellas Alicia Marcela Monje y Griselda Crespi, que vienen denunciando hace más de un año el impacto de recortes y descuentos sobre jubilaciones y pensiones.

En diálogo con el programa “A lo que vinimos”, definieron la presentación como una oportunidad histórica para que la política deje de mirar para otro lado frente a la situación de los jubilados cordobeses.

La chispa se encendió con la iniciativa de una docente jubilada de Alta Gracia, María del Carmen Robbiati, también viuda. Ella puso sobre la mesa un reclamo que se repite: el descuento del 20% sobre la pensión cuando, además, se percibe una jubilación u otro ingreso.

“En algunos casos implica casi toda la pensión de nuestros maridos”, describieron, mencionando ejemplos que van de 200 a 400 mil pesos. “Nuestros maridos aportaron como corresponde. En vez de quejarse, había que canalizar la injusticia en acción”, resumió Crespi sobre cómo pasaron de la bronca a la organización colectiva.

El texto que llegará a la Legislatura está dividido en cinco proyectos de ley. El primero apunta a recomponer el histórico 82% móvil, que –según señalaron– se fue degradando con sucesivas normas hasta llegar hoy a alrededor del 64%.

Otro eje central es la derogación de la ley 10.694 y, en particular, de su artículo 58, que impone un “aporte solidario” del 20% no solo a viudas y viudos con pensión, sino a cualquier jubilado que tenga otro ingreso.

También reclaman que cese el diferimiento de aumentos, la apertura de la Caja de Jubilaciones –que desde 2020 funciona de manera exclusivamente virtual vía CiDi– y la posibilidad de dejar de ser cautivos de la obra social APROSS, a la que describen como cara, con prestaciones deficientes y un trato desigual para el interior.

La travesía para que esta iniciativa popular llegue al recinto también habla de los límites de la democracia semidirecta en Córdoba.

Primero juntaron 14.000 firmas y les dijeron que eran pocas. Volvieron a la calle, a escuelas, plazas y pueblos, y lograron 36.600. Cuando presentaron esa cifra, les exigieron que todas las firmas estuvieran certificadas una por una. Con el acompañamiento de la Junta Electoral y de la jueza Vidal, organizaron una red de referentes en toda la provincia para que la gente firmara en comisarías y juzgados de paz, incluso en días “friísimos” que desalentaban salir.

Así llegaron a las 38.800 firmas certificadas que hoy tienen el visto bueno de la Justicia Electoral para ingresar a la Legislatura.

Detrás del expediente previsional también late un debate federal. Desde el gobierno provincial se levanta la bandera de estar “al lado de los jubilados” y se presenta a Córdoba como modelo frente a la Nación, pero las impulsoras del proyecto cuestionan ese relato:

“Córdoba no brilla por ninguna jubilación o pensión destacada”, dispararon. Denuncian una cadena de castigos –recortes, burocracia, descuentos obligatorios bajo el rótulo de solidaridad– que pega con más fuerza en el interior, donde las prestaciones de la obra social son más débiles.

La pelea cordobesa se inscribe así en una discusión nacional sobre el deterioro de las jubilaciones y sobre quién paga el ajuste en las provincias.

El 10 de diciembre no es una fecha cualquiera: es el Día Internacional de los Derechos Humanos y se cumplen 42 años de la restauración democrática en Argentina. Ese día, el grupo convocó a jubilados, familiares y organizaciones a acompañar desde la explanada de la Legislatura y, en lo posible, a replicar la presencia en distintas ciudades, incluso con la imagen simbólica de los paraguas.

Saben que el reglamento interno y la mayoría oficialista tienden a acotar el debate, pero apuestan a que la presión social y las 38.800 firmas den peso político a la iniciativa.

“Ser jubilados es solo cuestión de tiempo”, recuerdan a los legisladores: la incógnita es si tomarán esta oportunidad para reconciliarse con sus representados o si dejarán pasar, otra vez, un reclamo que atraviesa a toda la sociedad.