Causa Vialidad: ordenan decomisar $685 mil millones a la familia Kirchner
- Telediario Digital
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El Tribunal Oral Federal N° 2 ordenó ejecutar el decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados.

La Justicia federal dio este martes un paso en la Causa Vialidad: el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 ordenó el decomiso de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner y de Lázaro Báez, así como de otros condenados. La medida alcanza también a los hijos de la expresidenta, Máximo y Florencia Kirchner por las propiedades heredadas “a título gratuito”. El monto actualizado de los bienes a recuperar asciende a $684mil millones.
La sentencia, que adquirió firmeza el 10 de junio de 2025, había fijado inicialmente el decomiso en $84mil millones fue actualizado mediante peritajes oficiales del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Ministerio Público Fiscal. La resolución del tribunal, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, llegó tras vencerse el plazo de diez días hábiles para que los condenados depositaran el monto solidario impuesto en la sentencia. La fiscalía, encabezada por Diego Luciani, había reclamado la ejecución inmediata: “El decomiso está firme. Lo único que hay que hacer es ejecutar”, recordó días atrás.

El decomiso incluye 20 propiedades vinculadas a la familia Kirchner, una a nombre de la expresidenta y otras 19 heredadas por sus hijos, y más de 80 inmuebles relacionados con Báez, además de activos pertenecientes a Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos. y Loscalzo y Del Curto. Según el tribunal, estas adquisiciones, realizadas entre 2003 y 2015, son “relevantes para reconstruir la maniobra delictiva”.
En su argumentación, el TOF 2 sostuvo que el decomiso cumple una “función reparadora del daño social causado” y busca impedir que los delitos comprobados “rindan beneficios”. Además, enfatizó que la recuperación de activos es una política pública clave contra la corrupción, especialmente cuando los bienes terminaron en manos de terceros que los recibieron sin contraprestación.

Desde una perspectiva federal, el fallo vuelve a poner en discusión el impacto que tuvieron las irregularidades en la obra pública vial sobre las provincias, especialmente en Santa Cruz. La sentencia de Vialidad había señalado un esquema de adjudicaciones amañadas que desviaron recursos nacionales destinados a infraestructura estratégica para las regiones. El decomiso busca, al menos en lo patrimonial, recuperar parte de ese perjuicio.
La decisión judicial promete tensar el escenario político en los próximos días. A la respuesta de los imputados, que anticipan nuevas apelaciones, se suman las especulaciones sobre cómo se administrarán los bienes decomisados y qué destino podrían tener. El fallo, no obstante, marca un precedente contundente en procesos por corrupción estatal y abre un capítulo de consecuencias todavía abiertas para la dirigencia nacional.

