UNRC: “Muchas” y nuevas imputaciones en la causa de los laboratorios

Por Guillermo Geremía

“La preocupación pasa por la generalización del hecho. Es decir, la universidad debe quedar al margen de que eso representa a la universidad pública. O sea, es un hecho aislado y que de ninguna manera representa a la comunidad universitaria, lo que se hace en la universidad en el día a día, lo que se construye en el día a día. Claramente deberá ser investigado y sancionado como corresponde como cualquier hecho que se aparta de la norma, que se aparta de lo legal y más aún cuando va en perjuicio de una institución pública”.

Con estas expresiones se refería hace 12 días la rectora Marisa Rovera a las investigaciones impulsadas por el Fiscal Federal de Río Cuarto Rodolfo Cabanillas y que derivaron en 6 procesamientos, entre ellos 5 docentes e investigadores y una persona externa a la UNRC,  por determinación del Juez Carlos Ochoa. 48 horas después de las declaraciones periodísticas de la autoridad universitaria, el representante del Ministerio Público Fiscal le pidió al magistrado actuante que promueva la acción penal para más responsables de los hechos ocurridos en el Campus y denunciados por la docente e investigadora Mariana Reginato.

-“¿Pero es un hecho aislado y que denunció en su momento desde la misma universidad, no…?” Repregunta el periodista Gabriel Martella de LV 16 en la entrevista con la Rectora.

- “Por supuesto”, afirma Rovera.

A veces una entrevista relajada hace olvidar la obligación de no faltar a la verdad. Nunca la Universidad Nacional de Río Cuarto denunció los acontecimientos ante el Poder Judicial. Pese a que tuvo varios meses para hacerlo entre la primera denuncia radicada en la propia Facultad de  Ciencias Exactas, la posterior ante el CONICET y finalmente en la OFICINA ANTICORRUPCIÓN dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Sólo cuando el Poder Judicial tomó intervención de oficio por una entrevista radial, la Rectora instruyó al área de Asuntos Jurídicos para solicitar constituirse en querellante en la causa, rol que le fue denegado por el Juez Ochoa. La investigación que recién comenzaba podría involucrar a otros funcionarios dentro del ámbito universitario.

-“¿Pertenecen a la Facultad donde usted era Decana también estos profesionales?”, interrogan los periodistas a Marisa Rovera.

-“Así es, pertenece a la facultad de Ciencias Exactas, también hay personal del CONICET que son personal de apoyo, todos realizando tareas en el ámbito de dependencias y equipamiento que está anclado en la Facultad de Ciencias Exactas”, ratifica la máxima autoridad universitaria.

En la sede de la Fiscalía Federal ubicada en Colón y Cabrera se preguntan por qué desde la UNRC nunca denunciaron el hecho judicialmente y ahora también, cuáles son los motivos que impulsan a la Rectora a decir que sí lo habían hecho cuando eso nunca ocurrió.

Dos días después de esos dichos, el Fiscal Cabanillas le pidió al Juez Ochoa que amplíe las imputaciones no solamente a otros miembros de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico, Química y Naturales sino también a funcionarios  por fuera de la unidad académica y que tienen responsabilidad de control dentro de la propia universidad. Ahora está bajo la responsabilidad del magistrado actuante cuánto amplia el radar de reproches judiciales por lo sucedido y hasta dónde llega en el orden de jerarquía de responsabilidades institucionales.

Cabe recordar que hasta ahora los procesados son el Magister Oscar Masciarelli, microbiólogo e investigador del CONICET, el doctor en Ciencias Biológicas, Lucas Antonio Gallarato, la doctora en Ciencias  Biológicas Analía Llanes, investigadora adjunta del CONICET y docente de fisiología vegetal en otra facultad de la UNRC, la también becaria postdoctoral del CONICET y ayudante de primera Julia Iparraguirre. Más la técnica en laboratorio  Judith Reynaga, que seguía realizando tareas como asociada del CONICET habiendo concluido su adscripción y no estaba autorizada a trabajar en los espacios donde se consumaron los ilícitos. El sexto procesado es Gabriel Andrés Aguilar Mansilla, un actor ajeno a la universidad, quien según la investigación judicial prestó ayuda en la desaparición de pruebas y está acusado de encubrimiento.

Con el pedido de nuevas imputaciones ese universo de responsables se va a ampliar considerablemente. Aunque la pretensión del Fiscal Cabanillas puede encontrar límites en la mirada del propio Juez Federal. Son más de dos, por el uso del plural en los trascendidos periodísticos. El  mínimo de nuevos acusados, pero podría superar la decena de responsables,  no tanto de participar de la maniobras fuera de la legalidad sino de no controlar que no ocurriesen o de mirar para otro lado sabiendo de la consumación del ilícito.

Los investigadores de la UNRC están acusados por los delitos de Peculado, Administración infiel y defraudación en perjuicio de la Administración Pública en concurso ideal que prevé penas efectivas para quienes fueran hallados culpables. Todos los procesados apelaron la decisión del magistrado riocuartense ante el tribunal de alzada de la Justicia Federal.

Con el correr de los días se conoció que además de la vulneración de convenios establecidos con empresas privadas, en la realización de trabajos para terceros “no conveniados” (sic) también se habría cobrado de manera particular dinero público que debió haber ingresado a la Universidad Nacional de Río Cuarto de pagos legalmente realizados por los contratistas privados a la propia universidad. Los investigadores judiciales se preguntan cómo fue posible que plata que le corresponde a la institución fuera a parar a las cuentas de los investigadores procesados.

CON LA FACULTAD ALTERADA  

Ni bien trascendieron los pedidos de nuevas imputaciones, en la Facultad de Ciencias Exactas comenzaron a sonar todas las alarmas. El Decano Barros convocó al Consejo Directivo para una reunión extraordinaria para este martes. Deben tratarse los “pronto despacho” relacionados con los recursos de reconsideración presentados por los investigadores procesados con la intención de que se deje sin efecto su suspensión “en virtud que agravia sus trayectorias profesionales y genera perjuicios laborales y personales”. Quieren volver a la Facultad  pese a estar procesados por la Justicia Federal y amenazan con ir a la Cámara Contencioso Administrativa con la demanda respectiva. Además en la reunión del Consejo Directivo se pondrá en consideración la contratación de un abogado para asistir a la Facultad de Ciencias Exactas ante posibles nuevos procesamientos. En lenguaje coloquial, “se la ven venir”.

Imagen ilustrativa

El impulso de nuevas imputaciones también se alimenta en las observaciones realizadas por el Fiscal Federal en el sumario administrativo ordenado por las autoridades de la universidad al área de ASUNTOS JURIDICOS. Sobrevuela la idea de que las acciones internas desplegadas pusieron más energía en circunscribir el hecho al grupo de investigadores ya procesados que a determinar, si además de la falta de ética e inescrupulosidad de los actores ya involucrados, fallaron los controles de los procesos internos tanto de la institución pública como de la unidad académica involucrada. 

El desgano investigativo en el Campus activó el músculo judicial de la pesquisa. Será el Juez Carlos Ochoa quien deba ahora expedirse ante la solicitud del Fiscal Cabanillas. ¿Hay nuevas pruebas acumuladas para ampliar las imputaciones o se trata de una estrategia de Ministerio Público para ir haciendo catalizar de a poco las responsabilidades por acción u omisión de las ilegalidades detectadas?. El laboratorio de análisis ahora está en Sobremonte 972, sede de la Justicia Federal de Río Cuarto.

Tenía razón la doctora Rovera cuando advertía hace dos semanas, pero en otro sentido,  que “la preocupación pasa por la generalización del hecho”. No haber denunciado judicialmente lo sucedido primero que nadie puede terminar con un dolor de cabeza hasta para el propio rectorado.

Así son las cosas.