Se abre una negociación clave entre el Gobierno y la CGT para evitar una guerra por la reforma laboral

El Gobierno activó un operativo político para negociar con la CGT y evitar un conflicto mayor antes de presentar la reforma laboral el 15 de diciembre. Con Santilli y los Menem al frente, la estrategia oficial apunta a combinar diálogo y presión de los gobernadores para forzar un acuerdo con el sindicalismo, que prepara su propia ofensiva.

El Gobierno y la CGT entran en horas decisivas: antes de que el 15 de diciembre se presente la versión final de la reforma laboral, la Casa Rosada abrió un canal de negociación urgente para evitar un estallido político y gremial. Diego Santilli, el titular de Diputados Martín Menem y el subsecretario “Lule” Menem llevarán adelante la mesa de diálogo, en una apuesta a construir un consenso mínimo alrededor de un proyecto que, hasta ahora, recibió un rechazo frontal del sindicalismo.

La jugada oficial se apoya en dos pilares: mostrar voluntad de diálogo y, al mismo tiempo, utilizar el respaldo de los gobernadores alineados con el Pacto de Mayo como herramienta de presión. En Balcarce 50 dan por hecho que, sin apoyo provincial, la reforma difícilmente avance en el Congreso. Pero al mismo tiempo reconocen que al menos tres mandatarios del interior ya avisaron que no avalarán cambios que “dinamiten” la legislación laboral vigente. Ese es el verdadero dilema: el Gobierno necesita a las provincias, pero las provincias necesitan paz social.

La CGT llega preparada. Con abogados y diputados propios analiza cada artículo del último borrador para presentar una contrapropuesta que intentará frenar los puntos más sensibles: limitación de la ultraactividad, reglamentación del derecho de huelga en servicios esenciales, convenios por empresa, cuotas solidarias y control de asambleas en fábricas. Lo que está en juego no es solo un modelo laboral: es el financiamiento sindical, la representación colectiva y la capacidad de negociación en sectores productivos claves de cada región.

En la Casa Rosada aceptan que algunos artículos podrían atenuarse “para garantizar paz social”, incluso con el aval de Federico Sturzenegger, impulsor de la desregulación más dura. Pero la línea oficial es clara: no habrá una versión “lavada”. Los funcionarios se consideran empoderados por el resultado electoral y creen tener mandato para avanzar. En paralelo, redujeron de 15 a 3 los miembros del Consejo de Mayo para evitar filtraciones, en una señal del nivel de tensión interna y de la desconfianza entre sectores del propio oficialismo.

El desenlace será decisivo. Si la negociación se rompe, se abrirá un escenario de conflicto directo entre Gobierno y CGT, con impacto inmediato en las provincias donde el clima social ya está tensionado por la caída del empleo formal. Si, en cambio, se alcanza un acuerdo parcial, Milei llegará al Congreso con una reforma laboral que podría convertirse en la llave para su paquete de cambios estructurales. Lo que ocurra en estos días definirá no solo la relación con la CGT, sino también el equilibrio de poder entre Nación, gobernadores y sindicatos.