“Sacar a la gente de la calle no es fácil”: la Pastoral Social pide una salida integral para los limpiavidrios

En la antesala del debate en la Legislatura de Córdoba, la Pastoral Social planteó la necesidad de una regulación con inclusión social y advirtió sobre los riesgos de una prohibición sin alternativas.

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En la previa del tratamiento legislativo sobre la actividad de los limpiavidrios en Córdoba, la Pastoral Social fijó su posición y llamó a abordar el tema con una mirada integral que contemple tanto el orden en la vía pública como la inclusión social.

El vocero del espacio, Santiago Oliva, explicó que el planteo que llevaron a la Legislatura surge del trabajo con cooperativas, organizaciones y actores vinculados a la actividad.

“Es un aporte desde lo que venimos viendo en la realidad”, señaló, en un contexto que definió como socialmente complejo y atravesado por cambios que dejan a muchas personas fuera del sistema.

Desde ese enfoque, remarcó que hay personas que encuentran en esta tarea su sustento diario. “Hay quienes lo ven como un trabajo y viven de eso”, afirmó. Sin embargo, también reconoció situaciones problemáticas: “No negamos que hay abusos, delitos y extorsiones en algunos casos”.

Para la Pastoral, el eje no debería estar únicamente en la prohibición, sino en avanzar hacia algún tipo de regulación que permita ordenar la actividad. Entre los puntos que consideran clave aparecen la identificación de quienes trabajan en la calle, la definición de reglas claras y la reducción de los “grises” que hoy generan conflictos con los conductores.

“Cuando hay organización, por ejemplo a través de cooperativas, es más fácil generar vínculos y evitar problemas”, sostuvo Oliva. En esa línea, también planteó la necesidad de esquemas más transparentes para evitar situaciones de tensión en el cobro o prácticas abusivas.

Uno de los puntos más sensibles del debate es la posibilidad de prohibir a los limpiavidrios en los semáforos. Sobre esto, desde la Pastoral advirtieron que una medida de ese tipo podría generar más problemas si no viene acompañada de políticas de contención.

“Sacar a la gente de la calle no es fácil. Hay situaciones de adicciones y vulnerabilidad que requieren un abordaje integral”, explicó.

Además, pusieron el foco en el rol del Estado y en la necesidad de generar alternativas reales: capacitaciones, desarrollo de habilidades, acompañamiento social y oportunidades laborales.

Incluso plantearon que, en algunos casos, quienes hoy realizan estas tareas podrían cumplir otros roles comunitarios si existieran programas adecuados.

Finalmente, Oliva dejó planteado otro interrogante clave: cómo se aplicaría una eventual prohibición. “¿Quién los va a sacar de la calle? ¿La policía va a poder controlar todo el tiempo?”, cuestionó, al tiempo que advirtió sobre posibles escenarios de mayor tensión social.

El debate en la Legislatura se presenta así como mucho más que una discusión sobre el orden urbano: pone en juego el desafío de cómo responder, desde la política pública, a una realidad social cada vez más compleja.