Reforma Penal Juvenil: El oficialismo busca consenso entre los 13 y 14 años en el Congreso

El oficialismo busca unificar proyectos y avanzar con la reforma del régimen penal juvenil. Mientras el Presidente insiste con los 13 años, la oposición acepta discutir un piso de 14 y los tiempos legislativos juegan en contra.

Con la mira puesta en reunir los votos necesarios en el Congreso, el Gobierno nacional comenzó a delinear la estrategia política y legislativa para avanzar con el proyecto de Ley Penal Juvenil, una de las iniciativas más sensibles de la agenda de seguridad. La Casa Rosada apuesta a negociar con sectores de la oposición para ordenar los textos existentes y alcanzar un consenso mínimo que permita su tratamiento.

El objetivo inmediato es unificar los proyectos que proponen reducir la edad de imputabilidad, un debate que vuelve a instalarse con fuerza en el escenario político. El presidente Javier Milei sostiene que la edad debería bajarse a 13 años, aunque dentro del propio oficialismo admiten que el acuerdo más amplio hoy se ubica en los 14.

“Hay varios proyectos. La idea es unificar y aprovechar para construir consensos. Es un tema clave, pero tenemos que ver por dónde podemos empezar a generarlos”, señaló una fuente del oficialismo involucrada en las negociaciones.

El Gobierno reconoce que los plazos legislativos son complejos. Si bien la intención es avanzar con la aprobación en febrero, en el entorno presidencial admiten que la escasez de sesiones podría dilatar el tratamiento. En agosto de 2024 ya se había habilitado un debate similar en Diputados y en mayo de 2025 se logró dictamen, pero el tema volvió a quedar en pausa.

“No hay tiempo. Tenemos pocas sesiones. A lo sumo dos por cámara y tenemos que ser quirúrgicos”, admitió un alfil legislativo del oficialismo. Aun así, otro sector considera viable empujar el debate durante la prórroga del período estival o, en su defecto, extenderlo al período ordinario que comenzará el 1° de marzo.

La discusión no es solo jurídica: tiene un fuerte impacto federal. Gobernadores y legisladores de distintas provincias advierten que cualquier modificación del régimen penal juvenil implica mayores responsabilidades para los sistemas judiciales y penitenciarios provinciales, muchos de ellos ya tensionados por falta de recursos y sobrepoblación.

En ese contexto, varias provincias reclaman que el debate incluya financiamiento, políticas de prevención y fortalecimiento institucional, y no se limite únicamente a bajar la edad de imputabilidad. El riesgo, advierten, es trasladar el problema a las jurisdicciones sin herramientas reales para abordarlo.

Un caso que aceleró la agenda

Desde el oficialismo reconocen que el tema cobró nuevo impulso tras el crimen de Jeremías Monzón, el joven de 15 años torturado y asesinado en Santa Fe. La ministra de Seguridad y jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, fue una de las principales impulsoras de instalar el debate en la agenda pública.

Mientras tanto, Bullrich y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, trabajan en paralelo para avanzar con otros proyectos clave del Gobierno, como la reforma laboral y el acuerdo Unión Europea-Mercosur, lo que suma presión a un Congreso ya sobrecargado.

La Ley Penal Juvenil vuelve así al centro de la escena, atravesada por tensiones políticas, urgencias legislativas y reclamos federales. Con un consenso frágil entre los 13 y los 14 años, el debate promete ser uno de los más intensos del año y podría marcar un punto de inflexión en la política criminal del país.