Récord de participación por La ley de glaciares: más de 30 mil personas quieren opinar en audiencias públicas

La discusión por los cambios en la ley de glaciares sumó una participación inesperada: ya hay más de 30 mil personas inscriptas para exponer en audiencias públicas. Organizaciones ambientales hablan de un proceso “histórico” y advierten sobre el impacto que podría tener la reforma en las fuentes de agua del país.

El debate por las modificaciones a la ley de glaciares sumó en los últimos días un dato que sorprendió incluso a quienes impulsan las audiencias públicas: más de 30 mil personas ya se inscribieron para participar y exponer su postura sobre los cambios que se discuten en el Congreso. La cifra marca un récord para este tipo de instancias legislativas y refleja el fuerte interés social que genera la protección de las reservas de agua del país.

La participación se canaliza a través de las audiencias públicas convocadas por la Cámara de Diputados, donde científicos, organizaciones, especialistas y ciudadanos pueden expresar su opinión sobre el proyecto. La convocatoria todavía permanece abierta y el número de inscriptos continúa creciendo, lo que obliga a revisar el cronograma previsto para garantizar que todos puedan ser escuchados.

En diálogo con Telediario Federal, el abogado ambientalista Enrique Viale, referente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, destacó el carácter federal de la convocatoria. Según explicó, hay participantes de prácticamente todas las provincias. “Es una catarata de participación. En momentos donde muchas veces se habla de apatía política, miles de personas quieren opinar sobre un recurso que es vital para el país”, señaló.

El eje del debate es la posible modificación de la ley que protege a los glaciares y ambientes periglaciares, considerados reservas estratégicas de agua dulce. Los sectores críticos de la reforma sostienen que podría flexibilizar la protección en zonas donde nacen ríos que abastecen a distintas regiones del país.

Otro punto que genera discusión es el argumento económico vinculado a la actividad minera. Desde organizaciones ambientales sostienen que la normativa actual no prohíbe la minería en todo el territorio, sino únicamente en áreas específicas donde se encuentran los glaciares y sus zonas de influencia directa.

Mientras tanto, la atención está puesta en cómo continuará el proceso. Si el número de inscriptos sigue creciendo, el Congreso deberá definir cómo garantizar que todos los participantes puedan exponer, ya que el reglamento establece que cada inscripto tiene derecho a intervenir durante la audiencia.

El resultado de este proceso participativo podría ser clave para el futuro del proyecto. Lo que ya es evidente es que el debate por el agua y los glaciares logró instalarse nuevamente en la agenda pública, con una movilización ciudadana que no se veía desde hace años.