Ley de glaciares en debate: crece la preocupación ambiental y se multiplican las protestas en todo el país
- Telediario Digital
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Mientras el Gobierno nacional avanza con una agenda de reformas económicas, organizaciones ambientales, vecinos y comunidades cordilleranas alertan por el intento de modificar la Ley de Glaciares. El debate vuelve al Congreso en un contexto de movilización social y fuerte advertencia sobre el cuidado del agua.
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La defensa del agua volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública. En paralelo al debate por la reforma laboral, el próximo 11 de febrero el Congreso podría avanzar con modificaciones a la Ley de Glaciares, una norma considerada de presupuestos mínimos ambientales y referencia a nivel internacional.
La ley protege no solo a los glaciares visibles, sino también a las zonas periglaciares, áreas clave para la regulación hídrica y la biodiversidad. Según datos oficiales, más de siete millones de personas dependen del agua dulce que proviene directa o indirectamente de estos sistemas naturales.
En las últimas horas, distintas ciudades del país fueron escenario de protestas en defensa de los glaciares. Las manifestaciones se replicaron especialmente en provincias cordilleranas como Mendoza, San Juan, Jujuy y Chubut.
Uno de los momentos más significativos fue el abrazo simbólico al Glaciar Perito Moreno, una postal que se viralizó en todo el país y sintetizó el mensaje de los reclamos: “los glaciares no se tocan”.
Vecinos, trabajadores, científicos y organizaciones ambientales coincidieron en un mismo eje: el agua no es un negocio, es un bien común y estratégico para la vida.
El intento de reforma de la ley aparece vinculado al impulso de grandes proyectos extractivos, especialmente de megaminería y de hidrocarburos, promovidos bajo el paraguas del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Estas actividades están actualmente limitadas en zonas protegidas por la legislación vigente.
La discusión genera tensiones incluso dentro de las provincias impulsoras. En Mendoza, por ejemplo, el debate vuelve a dividir a comunidades que históricamente han defendido una política hídrica estricta, en una región donde el agua es un recurso escaso y vital para la producción y la vida cotidiana.
El foco ahora está puesto en el Senado, donde un grupo reducido de legisladores podría definir el futuro de la norma. Desde el ambientalismo y sectores científicos se impulsa una fuerte campaña de participación ciudadana para que la población contacte a sus representantes y exprese su postura.
El reclamo es claro: cualquier modificación debe surgir de un debate amplio, interdisciplinario y con participación social, algo que —según denuncian— no estaría ocurriendo.
Especialistas advierten que flexibilizar la Ley de Glaciares significaría un retroceso en materia ambiental y de soberanía sobre los recursos naturales. Argentina cuenta con una de las normativas más avanzadas del mundo en la materia, construida a partir de evidencia científica y consenso social tras años de conflictos.
“No se trata de oponerse al desarrollo, sino de no hipotecar el futuro”, repiten desde distintos sectores. El agua, coinciden, será uno de los bienes más disputados del siglo XXI.
El debate ya está en marcha. La calle, las redes y el Congreso vuelven a ser escenario de una discusión clave: qué modelo de país se construye cuando se pone en juego el cuidado de los bienes comunes.