Ley de emergencia en discapacidad: se reglamentó, pero siguen las incertidumbres

Tras años de reclamos y movilizaciones, el Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad. Sin embargo, especialistas advierten que la norma llega con vacíos clave: no fija fechas ni garantiza la actualización urgente de las prestaciones.

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Luego de un largo recorrido de marchas, reclamos y presentaciones judiciales, el Gobierno nacional publicó finalmente la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La medida, largamente esperada por familias, instituciones y prestadores, fue oficializada en el Boletín Oficial, aunque su contenido generó más dudas que certezas.

En diálogo con este medio, la abogada especialista en derechos de la discapacidad Marta Lastra señaló que la reglamentación es “muy escueta” y que omite uno de los puntos centrales del reclamo: la actualización de las prestaciones según el valor del nomenclador.

“No se dice cuándo ni cómo se van a aumentar las prestaciones. Solo se habla de un diálogo, pero sin fechas ni plazos”, advirtió.

Lastra explicó que, si bien el decreto prevé una compensación para instituciones y prestadores, no establece una actualización urgente de los aranceles, una demanda que atraviesa a todo el sistema.

“Eso es lo más preocupante, porque las prestaciones son indispensables para las personas con discapacidad y hoy están completamente desfasadas”, remarcó.

Otro de los puntos que genera alerta es el rol que se le asigna a las provincias. Según la letrada, la reglamentación plantea que las políticas en discapacidad se definirán de acuerdo al presupuesto de cada jurisdicción, a través de instancias federales.

“Esto suena a una posible delegación de responsabilidades del Estado nacional hacia las provincias, lo cual puede profundizar desigualdades”, sostuvo.

Desde una mirada federal, el impacto no es menor: provincias con menos recursos podrían quedar aún más relegadas en el acceso a prestaciones, apoyos e instituciones, profundizando una brecha que ya existe en el interior del país.

“Hay que estar muy atentos a cómo se implementa esto y exigir que el Estado nacional no se corra de obligaciones que le corresponden”, alertó Lastra.

Mientras tanto, familias, prestadores e instituciones siguen en estado de alerta. La expectativa está puesta en que los mecanismos de compensación se activen de manera inmediata y que la discusión por la actualización de aranceles tenga definiciones concretas en el corto plazo. La emergencia fue reconocida por ley; ahora, el desafío es que no quede solo en el papel.