La presión de los jubilados llega a la legislatura: qué propone el proyecto que reunió 38 mil firmas
- Telediario Digital
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Un grupo de jubiladas y referentes sociales llevará este 10 de diciembre un proyecto de recomposición previsional basado en la primera Iniciativa Popular activa en la provincia. Reclaman el fin de descuentos “confiscatorios”, la derogación del artículo 50 y una revisión integral del sistema jubilatorio cordobés.
La Legislatura de Córdoba recibirá el próximo 10 de diciembre un proyecto de recomposición de jubilaciones, pensiones y retiros impulsado por ciudadanas que lograron reunir 38 mil firmas certificadas en toda la provincia. Se trata de una Iniciativa Popular inédita, trabajada durante más de un año por un colectivo de jubiladas encabezado por Alicia Marcela Monje y Griselda Crespi, que denuncian un “sistema injusto, desigual y confiscatorio”.
El proyecto surgió desde Alta Gracia, a partir del reclamo de la docente jubilada María del Carmen Robbiati, quien sufrió —como miles de viudas— el impacto del descuento del 20% que se aplica sobre pensiones y otros ingresos complementarios.
“Nuestros maridos aportaron toda la vida y hoy nos cercenan una parte de su pensión; es un golpe económico y simbólico”, expresó Crespi durante la entrevista en A lo que vinimos. A ese cuestionamiento se suma el deterioro de la movilidad, que “de un 82% histórico pasó a quedarse cerca del 60%”.
La recolección de firmas fue una odisea federal: planillas, plazas, escuelas, pueblos pequeños, certificaciones en comisarías y juzgados de paz. La primera presentación reunió 14 mil firmas, pero la Legislatura exigió más. La segunda, 36 mil, fue objetada por falta de certificación individual.
“Sentimos que nos ponían palos en la rueda”, reconoció Monje. Finalmente, con la intervención de la jueza Vidal y el trabajo de referentes de toda la provincia, lograron validar 38 mil certificaciones, un volumen que otorga al proyecto una legitimidad social difícil de desestimar.
El texto que ingresará a la Legislatura consta de cinco proyectos de ley: restitución de una movilidad del 80%, derogación del artículo 50 (que impone recortes a viudas y trabajadores jubilados con ingresos extras), cese del diferimiento de aumentos, revisión del régimen de aportes solidarios y apertura administrativa de la Caja de Jubilaciones, que desde 2020 funciona sin atención presencial. Un punto clave cuestiona la situación del APROSS, que cobra cuotas elevadas mientras —según denunciaron— ofrece menores prestaciones en el interior provincial.
El trasfondo revela una tensión profunda entre provincias y jubilados: mientras Córdoba reivindica su “autonomía previsional”, miles de beneficiarios sienten que la carga del equilibrio fiscal recae sobre los mismos sectores vulnerables. El reclamo expone además una radiografía del federalismo real: jubilados del interior, con menos servicios y más costos, financiando un sistema que no perciben como equitativo.
El 10 de diciembre —Día de los Derechos Humanos y aniversario de la restauración democrática— no fue elegido al azar. Buscan que sea un hito político:
“Los legisladores tienen una oportunidad histórica de reivindicarse con la gente. Todos tienen una madre, una tía o una abuela que sufre esto”, dijeron.
La gran incógnita ahora es si la Legislatura habilitará el debate o si volverá a cerrarse en mayorías automáticas. Afuera, ya se organiza una movilización ciudadana que promete sumar presión al primer proyecto de Iniciativa Popular que llega a esta instancia en Córdoba.