LA JUSTICIA EXIME A CRISTINA KIRCHNER DE PAGAR 22.300 MILLONES EN LA CAUSA VIALIDAD
- Telediario Digital
- 28 sept
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La Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal resolvió, en fallo dividido, eximir a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner del pago de 22.300 millones de pesos reclamados en una demanda civil vinculada a la denominada causa Vialidad. La mayoría de los jueces entendió que no existen elementos suficientes para responsabilizarla económicamente y que, sin una sentencia penal firme, no corresponde avanzar con una condena civil de semejante magnitud.
Un fallo que divide aguas
El kirchnerismo celebró la decisión y la calificó como una nueva demostración de que las denuncias formaron parte de un esquema de lawfare. En contraste, desde la oposición cuestionaron el fallo y advirtieron que envía un mensaje de “impunidad” hacia la sociedad.
Juristas consultados señalaron que este tipo de acciones civiles contra exfuncionarios son excepcionales y difíciles de sostener sin condena penal firme, dado que buscan recuperar fondos del Estado bajo la figura de responsabilidad patrimonial.
El frente judicial y el escenario político
Aunque el fallo representa un alivio para la ex mandataria, el frente judicial de Cristina Kirchner sigue abierto: la causa Vialidad continúa y otras investigaciones avanzan en paralelo con diferentes grados de desarrollo.
En el plano político, el fallo puede revitalizar a la líder peronista entre sus seguidores, mientras el oficialismo nacional insiste en la necesidad de una reforma judicial. La decisión judicial reaviva además un debate recurrente: los límites y alcances de la responsabilidad civil de los exfuncionarios públicos frente a posibles irregularidades en la administración del Estado.
Una discusión con impacto
El caso trasciende a la ex presidenta y vuelve a poner en discusión cómo la Justicia debe actuar frente a obras públicas y fondos nacionales que impactan en todo el territorio argentino. La causa Vialidad se centra en contratos otorgados en Santa Cruz, pero la problemática refleja un esquema de gestión de la obra pública que involucra a todas las provincias, dependientes de las transferencias y decisiones del gobierno central.
La resolución judicial, por lo tanto, no solo incide en el destino político de Cristina Kirchner, sino también en la discusión de cómo se controlan y auditan los recursos públicos, un debate que atraviesa al país más allá de los alineamientos partidarios.
