Emergencia en discapacidad: el Ejecutivo reglamentó la ley tras un fallo judicial

El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad sobre el límite del plazo fijado por la Justicia. El decreto redefine pensiones no contributivas, centraliza decisiones en Salud y reabre el debate por el financiamiento y el rol de las provincias.

El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad luego de un fallo judicial que lo obligó a ponerla en vigencia. Lo hizo mediante el Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial, que establece el nuevo régimen de pensiones no contributivas y reorganiza la política pública del área.

La medida responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que declaró inválida la suspensión de la ley y fijó como fecha límite el 4 de febrero para su implementación. El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei, del vocero presidencial Manuel Adorni y del ministro Federico Sturzenegger.

El conflicto se originó tras la sanción de la norma por el Congreso, en septiembre de 2025. El Ejecutivo intentó frenar su aplicación mediante un veto, argumentando falta de recursos para financiar las prestaciones. Aunque el Parlamento insistió con la promulgación, el Gobierno suspendió la ley hasta definir su financiamiento, lo que derivó en un amparo colectivo que terminó judicializando el tema

La reglamentación define criterios de acceso, evaluación socioeconómica e incompatibilidades del nuevo esquema de pensiones, que pasarán a denominarse Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social. Además, obliga a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar parámetros y presentar auditorías periódicas en un plazo de 30 días.

Desde una mirada federal, el decreto reconoce las restricciones fiscales y aclara que la implementación deberá ajustarse a los recursos disponibles de cada jurisdicción. Esto vuelve a encender la discusión en las provincias, donde advierten que el impacto operativo y presupuestario recaerá sobre sistemas de salud y asistencia social ya exigidos, sin garantías claras de financiamiento nacional.

El texto oficial remarca que la reglamentación no implica aceptar los fundamentos del fallo judicial. Sin embargo, deja abierto un nuevo escenario de tensión entre el Ejecutivo, la Justicia y las provincias, en un área sensible que combina derechos sociales, presupuesto y capacidad de gestión en todo el país.

En paralelo, el Gobierno designó nuevas autoridades en el área de discapacidad del Ministerio de Salud. El médico Alejandro Alberto Vilches fue nombrado secretario nacional de Discapacidad; Gianfranco Scigliano, subsecretario de Regulación y Certificación; y Esteban Rafael Giler, subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos.