Córdoba en alerta: instituciones y familias advierten un sistema de discapacidad al límite
- Telediario Digital
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La discusión por la emergencia en discapacidad expone un sistema que ya no logra contener la demanda: demoras, recortes, pagos atrasados y desigualdad entre provincias. Guillermo De Rivas y Milagros Scoponi advirtieron que el deterioro se profundizó este año y que urge redefinir políticas públicas sostenibles.
La situación de las personas con discapacidad volvió a encender alarmas en todo el país. En Córdoba y la región, instituciones, profesionales y familias transitan un escenario de pagos demorados, aranceles desactualizados y recortes que comprometen la continuidad de tratamientos esenciales.
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Guillermo De Rivas y Milagros Scoponi analizaron el impacto real de la crisis y coincidieron: “Fue un año realmente difícil, con restricciones de derechos y prestaciones por decisiones del Gobierno nacional”.
Durante un conversatorio organizado por la Subsecretaría de Género e Inclusión, se reunieron representantes de la universidad, organismos municipales y provinciales, instituciones privadas y el Consejo de Discapacidad para evaluar un sistema que funciona al límite. De Rivas fue contundente:
“La protección de los derechos de las personas con discapacidad es una enorme responsabilidad de todos, y sin articulación con las instituciones es imposible sostenerlo”.
La crisis no es nueva, pero este año se agravó. La falta de financiamiento adecuado, los retrasos en pagos de obras sociales nacionales, la incertidumbre sobre pensiones no contributivas y la inexistencia de un esquema federal equilibrado golpean con más fuerza a las provincias.
En regiones como el sur de Córdoba, donde la oferta de servicios es más limitada, la desigualdad territorial se hace evidente: los centros dependen de fondos que llegan tarde y las familias asumen costos que deberían estar cubiertos por el Estado.
Milagros Scoponi describió el clima que se vive dentro del sector: “Hemos tenido que dar debate, visibilizar lo que significó el contexto de emergencia. Cada institución aportó lo que pudo para sostenerse, pero no alcanza sin políticas de base”. A lo largo de la semana, participaron múltiples organizaciones para exponer su trabajo y también los riesgos concretos: cierre de espacios, pérdida de profesionales capacitados y discontinuidad en terapias.
El impacto regional es profundo. Cuando un centro reduce actividades o suspende prestaciones, cientos de familias quedan sin alternativas. Las provincias del interior, con menor infraestructura sanitaria y educativa especializada, padecen doblemente los recortes: por el costo de trasladar profesionales y por la dependencia de un sistema nacional que no responde con celeridad. La emergencia en discapacidad revela así una brecha cada vez más amplia entre Buenos Aires y el interior productivo.
Hacia adelante, el escenario exige decisiones políticas. Municipios, organizaciones y especialistas coinciden en que es urgente recomponer aranceles, garantizar pagos previsibles y construir un modelo federal que no penalice a las economías regionales.