El jury avanza contra los fiscales de la causa Dalmasso y abre una grieta en el sistema judicial
- Telediario Digital
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El Jury de Enjuiciamiento decidió por unanimidad someter a juicio político a los fiscales que instruyeron la causa Dalmasso, en un proceso inédito que podría derivar en su destitución. La resolución expone fallas estructurales del sistema judicial cordobés y reabre el debate sobre responsabilidad institucional, control interno y garantías procesales en causas emblemáticas.
La justicia de Córdoba atraviesa un punto de inflexión luego de que el Jury de Enjuiciamiento resolviera, por unanimidad, avanzar con el juicio político contra los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro, quienes intervinieron en la causa Nora Dalmasso desde sus inicios hasta su prescripción. La decisión, inédita en la provincia, coloca a los tres funcionarios en un mismo proceso y habilita la posibilidad concreta de que sean destituidos.
La medida se tomó tras analizar los descargos de los fiscales y a partir de la denuncia presentada por la familia Macarrón, que atribuye a los investigadores un “mal desempeño” y “negligencia grave” al haber desviado sucesivamente el foco de la causa.
Desde el señalamiento inicial a Gastón Zárate, pasando por la imputación al propio hijo de la víctima y la posterior acusación contra el viudo, la querella sostiene que estas líneas erráticas impidieron profundizar la investigación incluso cuando existían elementos como la muestra de ADN del pintor, señalado como principal sospechoso.
Julieta Rinaldi, presidenta del Jury, confirmó que el fiscal general Juan Manuel Delgado tendrá 30 días hábiles para presentar la acusación formal, mientras que los fiscales contarán luego con 10 días para ofrecer pruebas y ejercer su defensa. El proceso culminará en un juicio oral que podría comenzar en febrero o marzo.
“Es la primera vez que tres fiscales llegan juntos a un jury en Córdoba”, remarcó Rinaldi, quien confirmó que no existe sanción intermedia: el resultado será continuidad o destitución.
El impacto institucional es profundo. De prosperar la destitución, dos fiscalías de Río Cuarto quedarían vacantes, afectando el funcionamiento cotidiano de la Justicia en el sur provincial. En un territorio donde las causas complejas se acumulan y los recursos son limitados, la posible remoción de tres funcionarios exhibe una fragilidad estructural que excede al caso Dalmasso y vuelve a colocar bajo lupa la dependencia política, la falta de controles internos y la dificultad de garantizar investigaciones eficientes en delitos de alto impacto público.
El escenario abre además un debate federal: cómo reaccionan las provincias cuando fallan los mecanismos de investigación en crímenes trascendentes y qué herramientas existen para auditar a los propios actores del sistema judicial. Córdoba enfrenta ahora la prueba de sostener un proceso transparente mientras resuelve las fallas que dejaron uno de los casos más resonantes del país al borde de la impunidad.
Las próximas semanas definirán si este juicio político representa una corrección institucional o una nueva fuente de tensión dentro del poder judicial provincial.