Camión narco de Bouwer: la Justicia liberó a dos imputados y sigue la investigación
- Telediario Digital
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Virginia Collosa y Federico Giardina recuperaron la libertad tras la resolución de la Cámara de Acusación de Córdoba. Sus defensas aseguraron que no había riesgos procesales y cuestionaron las detenciones prolongadas. La investigación por el ingreso de elementos ilegales y carne en mal estado al penal de Bouwer continúa abierta.
La causa conocida como el “camión narco”, que involucra al empresario riocuartense Alicio Dagatti y a otros acusados, sumó un nuevo capítulo. La Justicia provincial dispuso la excarcelación de Virginia Collosa, abogada del empresario, y Federico Giardina, trabajador del frigorífico Livorno, tras varios meses de prisión preventiva.
Ambos recuperaron la libertad bajo caución. La medida fue adoptada por la Cámara de Acusación de Córdoba, luego de considerar que no existían riesgos procesales que justificaran mantener la detención.
“Después de tanto sufrimiento, podrá pasar la Navidad con su familia”, expresó la abogada Cecilia Lalli, vocera de Giardina, en diálogo con Telediario Digital.
Según explicó la defensora, la detención de su representado se había basado en una presunta omisión en la carga de datos de su teléfono celular, lo que fue interpretado por el juez de control como un intento de entorpecer la causa.
“Fue absurdo; cualquiera que cambió el celular sin hacer copia de seguridad podría estar preso”, cuestionó Lalli.
La Cámara valoró la conducta del imputado, su arraigo familiar y su trabajo estable, concluyendo que con medidas cautelares menos gravosas —como fijar domicilio y prohibición de salir del país— podía continuar el proceso en libertad. Giardina está acusado por la supuesta comercialización de carne no apta para el consumo que habría ingresado al penal de Bouwer, no por el tramo del expediente vinculado al tráfico de drogas.
La investigación, que tuvo fuerte repercusión en Córdoba y el sur provincial, se mantiene activa. Mientras tanto, el fallo abre un nuevo debate sobre el uso de la prisión preventiva y la necesidad de equilibrar la persecución penal con las garantías constitucionales. El caso, que marcó uno de los mayores escándalos judiciales del año en la provincia, aún promete más capítulos.