Uno de los fiscales destituidos ya inició consultas para volver a ejercer como abogado

El presidente del Colegio de Abogados de Río Cuarto, Alberto Fernández, confirmó que ya recibieron consultas de al menos uno de los fiscales desplazados para recuperar la matrícula profesional. Además, advirtió por el impacto que dejó el jury en el funcionamiento de la Justicia local y alertó por la falta de fiscales y recursos.

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La destitución de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro no solo abrió un fuerte debate sobre el funcionamiento de la Justicia en Río Cuarto, sino también interrogantes sobre el futuro profesional de los funcionarios desplazados.

En ese contexto, el presidente del Colegio de Abogados de Río Cuarto, Alberto Fernández, confirmó que ya recibieron consultas de al menos uno de los fiscales destituidos para recuperar la matrícula profesional y volver a ejercer de manera privada.

“Hemos tenido algunas consultas acerca de los trámites que hay que hacer y nos hemos puesto a disposición”, señaló Fernández durante una entrevista televisiva.

El abogado aclaró que los fiscales removidos no tienen impedimentos para volver a trabajar en el ámbito privado, ya que no fueron juzgados por delitos de corrupción ni causas penales, sino por presunto mal desempeño y negligencia en sus funciones.

“Son abogados, pueden ejercer la profesión, pueden jubilarse y no tienen limitaciones para continuar desempeñándose profesionalmente”, remarcó.

Fernández puso el foco en las consecuencias que dejó el jury sobre el funcionamiento de las fiscalías locales y expresó su preocupación por el impacto que esto puede generar en el servicio de justicia.

Según explicó, Río Cuarto se preparaba para contar con siete fiscalías, pero actualmente el esquema quedó reducido a cuatro fiscales activos, ya que dos fueron destituidos y otro permanece con licencia médica. “Eso tiene un impacto directo en la operatividad de las fiscalías”, sostuvo.

Desde el Colegio de Abogados remarcaron además que vienen advirtiendo desde hace tiempo sobre problemas estructurales en el Ministerio Público Fiscal.

Fernández aclaró que las críticas no apuntan directamente contra los fiscales, sino a la falta de recursos y personal para afrontar la cantidad de causas que ingresan cada año. Según detalló, durante 2025 ingresaron unas 12 mil denuncias penales y solo se resolvieron 860 expedientes.

“Es materialmente imposible que cuatro fiscales investiguen adecuadamente doce mil delitos”, afirmó el abogado, quien también cuestionó la falta de autocrítica del Ministerio Público Fiscal tras el fallo del jury.

Además, advirtió que esta situación repercute directamente en la vida cotidiana de los vecinos. Como ejemplo, mencionó demoras en órdenes de allanamiento y problemas operativos en investigaciones urgentes.

También expuso la falta de infraestructura y recursos en la región, al señalar que existe una sola unidad mortuoria para cubrir una amplia jurisdicción que abarca desde General Deheza hasta el límite con San Luis.

Finalmente, Fernández adelantó que la próxima semana mantendrán una reunión con el ministro de Justicia para solicitar la designación urgente de nuevos fiscales y así intentar normalizar el funcionamiento de las fiscalías locales.