Buscan habilitar el derribo de búnkers narco en Córdoba
- Telediario Digital
- hace 1 día
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El Gobierno de Córdoba impulsa una ley para que la Justicia pueda ordenar el derribo de búnkers y aguantaderos utilizados para el narcomenudeo. La iniciativa apunta a evitar que esos lugares vuelvan a ser ocupados por bandas delictivas y plantea un nuevo debate sobre seguridad, propiedad privada y facultades judiciales.
La Provincia de Córdoba presentó un proyecto de ley para habilitar el derribo de búnkers de droga y aguantaderos utilizados por bandas delictivas.
La propuesta, impulsada por el gobernador Martín Llaryora, busca que los fiscales puedan ordenar la demolición de estos inmuebles una vez comprobada la actividad ilícita, evitando que vuelvan a ser ocupados tras los operativos policiales.
En diálogo con Telediario, la secretaria de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, Nadia Fernández, explicó que el problema actual es que, luego de los allanamientos y las detenciones, muchos de estos espacios permanecen en pie y rápidamente son reutilizados para la venta de estupefacientes u otros delitos.
"Es importante que el fiscal ordene inmediatamente el derribo de este tipo de construcciones", sostuvo.
La funcionaria aclaró que la iniciativa apunta principalmente a inmuebles abandonados u ocupados irregularmente por organizaciones narcomenudistas. En los casos de propiedades usurpadas, indicó que primero serían restituidas a sus dueños. El objetivo, remarcó, es impedir que estos puntos vuelvan a convertirse en focos de actividad criminal y recuperar esos espacios para la comunidad.
Fernández sostuvo además que el proyecto busca enviar una señal simbólica y concreta a los barrios afectados por el narcotráfico. "Es el Estado devolviéndole a la comunidad un espacio que siempre le perteneció", afirmó, al señalar que la permanencia de estos lugares genera miedo entre los vecinos y facilita la consolidación territorial de las bandas.
Desde el Gobierno provincial también plantean que los bienes secuestrados al narcotráfico puedan destinarse al fortalecimiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y al financiamiento de políticas de prevención y asistencia frente a los consumos problemáticos.
La iniciativa promete abrir un intenso debate político y jurídico. Mientras el oficialismo sostiene que permitirá actuar con mayor rapidez contra el narcomenudeo y recuperar espacios para los vecinos, la discusión también girará en torno a los alcances de las facultades judiciales, el derecho de propiedad y las garantías constitucionales. El proyecto comenzará ahora su recorrido legislativo en la Unicameral cordobesa.
