Traspaso de rutas nacionales: El Gobierno habilita peajes y delega gestión en provincias
- Telediario Digital
- hace 3 horas
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El Gobierno nacional oficializó un esquema que permite a nueve provincias gestionar rutas nacionales con peajes. Aunque mantiene la titularidad, Nación delega funciones clave y abre un debate sobre financiamiento, control y desigualdad territorial.
El Gobierno publicó el Decreto 253/2026 y estableció un nuevo marco para la gestión de rutas nacionales: provincias como Córdoba, Santa Fe y Mendoza podrÔn operar, mantener y concesionar tramos mediante peajes, en un esquema que redefine el rol del Estado nacional en la infraestructura vial.

La normativa habilita a los distritos a licitar obras, administrar corredores y firmar contratos con empresas privadas, aunque con condiciones estrictas. La delegación serĆ” ātemporalā āhasta 30 aƱosā, ārevocableā y sin transferencia de dominio: las rutas seguirĆ”n siendo nacionales. El control quedarĆ” en manos de la Dirección Nacional de Vialidad, mientras que el Ministerio de EconomĆa deberĆ” aprobar cada convenio.
En paralelo, el decreto fija lĆmites claros: los fondos del peaje solo podrĆ”n utilizarse en el tramo concesionado, sin posibilidad de redistribución. AdemĆ”s, las provincias tendrĆ”n apenas un aƱo para licitar, o perderĆ”n la delegación. Es decir, mĆ”s autonomĆa operativa, pero con plazos y controles que condicionan la ejecución.
El esquema abre una discusión de fondo sobre el federalismo real. Mientras algunas provincias celebran la posibilidad de intervenir rutas deterioradas ācomo ocurre en tramos crĆticos de la Ruta 22 en la Patagoniaā, tambiĆ©n crecen las crĆticas por lo que se interpreta como un corrimiento del Estado nacional en una función estratĆ©gica.

Intendentes y gobernadores advierten que el nuevo modelo puede profundizar desigualdades: las provincias con mayor capacidad económica podrÔn sostener obras y concesiones, mientras que otras dependerÔn del cobro de peajes o directamente quedarÔn rezagadas. La frase que resuena en varias jurisdicciones es clara: Nación mantiene la propiedad, pero transfiere el costo de gestión.
Otro punto clave es el impacto sobre la logĆstica y las economĆas regionales. El avance de peajes en rutas productivas podrĆa encarecer el transporte de cargas, especialmente en zonas agrĆcolas e industriales donde la conectividad es central para la competitividad.
En provincias como Córdoba o Santa Fe, donde las rutas nacionales son clave para la salida de producción, el nuevo esquema genera incertidumbre: ¿se traducirÔ en mejores caminos o en mayores costos para el sector privado?

El decreto tambiĆ©n deja abierta la posibilidad de que otras provincias se sumen al esquema, lo que podrĆa ampliar el alcance del modelo en los próximos meses. El escenario que se abre es de negociación constante entre Nación y los distritos.
El punto de fondo ya estÔ planteado: si este esquema representa una modernización del sistema vial o un proceso de descentralización que traslada responsabilidades sin recursos suficientes. El impacto, como suele ocurrir, se medirÔ en el territorio.

