Tenía 26 años y era mamá: el brutal crimen de Camila Merlo reaviva reclamos contra la Justicia
- Telediario Digital
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Camila tenía 26 años, era mamá y fue vista por última vez 15 días antes de aparecer descuartizada. AMMAR denuncia abandono estatal, nula respuesta judicial y exige una ley que brinde seguridad y derechos a quienes ejercen el trabajo sexual.
Camila Merlo tenía 26 años, era mamá y trabajadora sexual. Había pasado por la sede de AMMAR apenas dos semanas antes de que su cuerpo apareciera descuartizado.
El caso, que conmociona por la brutalidad y por las incógnitas que lo rodean, volvió a exponer un patrón que la organización denuncia desde hace años: la falta de protección estatal y la violencia extrema que enfrentan quienes ejercen el trabajo sexual.
Blanca Mendoza, secretaria general de AMMAR, fue una de las últimas personas que vio a Camila con vida. En entrevista con Telediario, recordó que la joven solía pasar por la organización a retirar herramientas de trabajo y conversar un rato. “Era mujer, mamá, hermana, tía. Esto es un femicidio. Estamos devastadas”, afirmó.
Este jueves realizaron una marcha para exigir que la Justicia avance. Mendoza denunció que hasta ahora no hubo ningún llamado oficial y que el expediente permanece bajo secreto de sumario, algo que –según planteó– se repite en hechos que involucran violencia contra trabajadoras sexuales.
“Siempre somos nosotras las que tenemos que salir a preguntar quién la vio, dónde estuvo, con quién. Basta de matarnos”, expresó.
La dirigente apuntó también contra el Ministerio de Seguridad provincial: pidieron audiencia con el ministro y no obtuvieron respuesta. “Hoy no pedimos, exigimos. Queremos que nos escuchen. Las vidas nuestras valen”, dijo, y relató que incluso la marcha pacífica que intentaron realizar terminó rodeada por dos cuadrantes policiales.
El caso vuelve a poner en discusión la situación de extrema vulnerabilidad en la que se desarrolla el trabajo sexual en Córdoba. Mendoza reclamó el debate de una ley que les permita ejercer sin clandestinidad, discriminación ni violencia. También cuestionó políticas provinciales como el cierre de prostíbulos, al considerar que empujaron la actividad a la clandestinidad sin ofrecer alternativas ni mayor seguridad.
Mientras la investigación judicial avanza a cuentagotas, AMMAR sostiene que el crimen de Camila debe marcar un punto de inflexión. La organización espera que la causa se acelere, que se determine quién o quiénes estuvieron implicados y que las autoridades abran el debate pendiente: cómo garantizar que ninguna mujer salga a trabajar sin saber si va a volver.