Reforma de la Ley de Glaciares: alertan que sin participación ciudadana la reforma podría ser ilegal

Tras la media sanción en el Senado, organizaciones ambientales reclamaron a Diputados un proceso participativo amplio y federal antes de modificar la Ley de Glaciares. Advierten que sin audiencia pública podría haber nulidad por incumplimiento legal. La reciente media sanción en el Senado al proyecto que modifica la Ley de Glaciares reactivó un debate que trasciende lo técnico. Diversas organizaciones ambientales solicitaron formalmente a la Honorable Cámara de Diputados que convoque a una audiencia pública antes de continuar el tratamiento legislativo. El argumento es claro: se trata de una norma que regula ecosistemas estratégicos para el agua dulce y cualquier cambio requiere participación ciudadana efectiva.

El pedido fue impulsado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Círculo de Políticas Ambientales, Greenpeace Argentina, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Fundación Biodiversidad Argentina y Aves Argentinas. Las organizaciones sostienen que la discusión no puede resolverse con un trámite acelerado, como ocurrió en el Senado, porque impacta directamente en el acceso al agua, la producción y la vida en distintas provincias cordilleranas.

La ley vigente —N° 26.639— es un instrumento de ordenamiento ambiental del territorio. El artículo 21 de la Ley General del Ambiente establece que la participación ciudadana debe garantizarse especialmente en planes de ordenamiento ambiental. Además, el artículo 7 del Acuerdo de Escazú —ratificado por Argentina mediante la Ley 27.566— obliga a asegurar instancias de participación pública con plazos razonables en decisiones ambientales de impacto significativo.

Las organizaciones advierten que una audiencia meramente formal o con plazos acotados desvirtúa su objetivo y podría configurar un supuesto de ilegalidad. El propio proyecto de reforma menciona el Acuerdo de Escazú y reconoce la necesidad de una instancia participativa. Sin embargo, hasta el momento no se anunció un mecanismo concreto, federal y con garantías de acceso amplio.

En juego no está solo una discusión parlamentaria. La protección de los glaciares y del ambiente periglacial implica resguardar reservas estratégicas de agua dulce en un contexto de crisis climática. La pregunta que queda abierta es si el Congreso avanzará en una reforma sin ampliar el debate público o si habilitará una discusión que esté a la altura del impacto que puede tener en generaciones futuras.