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Río Cuarto se pronunció contra los recortes en discapacidad

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    Telediario Digital
  • hace 3 horas
  • 2 Min. de lectura

Referentes del sector y funcionarios municipales cuestionaron las modificaciones impulsadas a nivel nacional sobre prestaciones y pensiones por discapacidad. Advirtieron sobre un posible retroceso en derechos y anunciaron una campaña de firmas para llevar el reclamo al Congreso.

Instituciones, referentes del sector y funcionarios municipales de Río Cuarto se pronunciaron este miércoles en rechazo a las medidas impulsadas a nivel nacional sobre discapacidad, especialmente por los cambios vinculados a las pensiones por invalidez y al sistema de prestaciones.



Durante la conferencia, María Inés Sánchez advirtió que el colectivo de discapacidad “ha sido elegido como un sector a vulnerar” y cuestionó el contenido del proyecto que circula a nivel nacional.

Según explicó, las modificaciones afectarían directamente el sistema de prestaciones y podrían generar profundas desigualdades según la cobertura médica y la región del país.

La referente sostuvo además que existe preocupación por el tratamiento de las pensiones, ya que el proyecto hace referencia a posibles fraudes sin investigaciones previas.


“Hay un prejuzgamiento gravísimo desde el punto de vista jurídico y de los derechos humanos, más aún en personas en situación de discapacidad”, expresó.

Luego tomó la palabra Verónica Abasolo, quien explicó que el pronunciamiento surgió tras una reunión del Consejo de Discapacidad local, integrado por distintas instituciones vinculadas al sector. Allí acordaron impulsar acciones conjuntas para rechazar el proyecto y visibilizar la problemática.


Abasolo señaló que el objetivo es sumar el apoyo de toda la ciudadanía y no solamente de quienes están afectados de manera directa. Además, confirmó que comenzarán una campaña de recolección de firmas para elevar el reclamo a diputados nacionales.



Por su parte, el secretario de Desarrollo Social de Río Cuarto, Gregorio Oberti, respaldó el planteo de las instituciones y sostuvo que las medidas representan “un retroceso” en materia de derechos adquiridos por las personas con discapacidad.

Desde el sector remarcaron que la preocupación no solo pasa por el acceso a prestaciones y tratamientos, sino también por las consecuencias sociales que podrían derivarse de una eventual desregulación del sistema actual.

 
 

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