Que el debate no quede en el velocímetro

Por Martín Urricelqui | La muerte de Martín Alaniz sacudió a Río Cuarto y dejó expuesta, una vez más, una discusión que la ciudad conoce demasiado bien. El siniestro que terminó con la vida del motociclista —protagonizado por una joven conductora que manejaba alcoholizada y a alta velocidad— generó conmoción, indignación y una fuerte demanda social de respuestas.

A finales de esta semana, desde la oposición en el Concejo Deliberanted se impulsó un proyecto que propone reducir la velocidad máxima en la ciudad a 30 km/h y avanzar con el alcohol cero al volante. La iniciativa retoma una lógica que en distintas ciudades del mundo busca disminuir la gravedad de los siniestros viales en zonas urbanas: cuanto menor es la velocidad, menor es la probabilidad de que un impacto termine en una muerte.

Sin embargo, la discusión no puede limitarse a un número en el velocímetro.

Hoy, en muchas calles de Río Cuarto, la velocidad máxima permitida es de 40 km/h pero en la práctica, ese límite se vulnera de manera cotidiana, de manera que la experiencia demuestra que la existencia de una norma no garantiza por sí misma su cumplimiento.

En otras palabras, si hoy hay velocidades máximas establecidas en 40 km/h y no se respetan, ¿qué va a garantizar que lo hagan en 30 si no hay control? Más aún bajo los efectos del alcohol o conduciendo de manera temeraria.

Cualquier modificación en los límites de velocidad necesita ir acompañada de políticas de control efectivas, presencia estatal sostenida y sanciones que realmente se apliquen. Reemplazar un número en una ordenanza no es más que eso.

La responsabilidad individual

En una entrevista realizada en Telediario Digital, Viviam Perrone, referente de Madres del Dolor, volvió a poner el foco en un aspecto central del problema: detrás de cada siniestro vial hay conductas humanas.

Conducir alcoholizado, exceder la velocidad o participar en picadas no son fatalidades inevitables, sino decisiones.

Esa dimensión es clave para entender por qué la seguridad vial no depende exclusivamente de cambios legislativos. Las normas pueden fijar límites y establecer sanciones, pero el respeto por esas reglas se construye también en el plano cultural y en la responsabilidad individual de quienes manejan.

Pero también existe otra instancia que influye directamente en la percepción social sobre estas conductas: la respuesta judicial. Se advierte con frecuencia que las penas por delitos viales suelen ser bajas o terminan en condenas de cumplimiento condicional y, según Perrone, “en la práctica, en Argentina se puede matar con un auto teniendo agravantes y nadie termina cumpliendo una condena efectiva”. Una realidad que alimenta la sensación de impunidad que debilita el efecto disuasivo de la ley porque cuando las consecuencias penales aparecen lejanas o leves frente a la gravedad del daño provocado, el mensaje que recibe la sociedad resulta ambiguo.

La muerte de Martín Alaniz vuelve a poner en evidencia que la seguridad vial no depende de una única decisión ni de una sola medida. Las normas, los controles, las sanciones y la responsabilidad de quienes conducen forman parte de un mismo sistema. Cuando alguno de esos elementos falla, el resultado suele ser el mismo: una tragedia que pudo haberse evitado.

Reducir la velocidad máxima puede ser un paso dentro de esa discusión, pero el verdadero desafío es que las reglas de tránsito dejen de ser meras referencias formales y pasen a ser límites reales en la calle. Eso exige controles sostenidos, una respuesta judicial clara frente a las conductas más graves y, sobre todo, una cultura de conducción que entienda que al volante no sólo se maneja un vehículo: se maneja una responsabilidad sobre la vida propia y la de los demás.