Protesta policial en Rosario: levantan sanciones pero la tensión no cede

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, confirmó que se anulan los pases a disponibilidad de los efectivos sancionados tras las protestas. Sin embargo, más agentes se suman frente a la Jefatura y el reclamo salarial sigue abierto.

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, confirmó que se anulan los pases a disponibilidad de los efectivos sancionados tras las protestas. Sin embargo, más agentes se suman frente a la Jefatura y el reclamo salarial sigue abierto.

La protesta policial en Rosario entró en su tercer día con un anuncio clave del gobierno provincial: se levantan las sanciones para los efectivos que habían sido pasados a disponibilidad tras los incidentes frente a la Jefatura de Ovidio Lagos al 5200. El mensaje buscó descomprimir el conflicto, pero la concentración creció y la tensión volvió a escalar.

En conferencia de prensa, Cococcioni instó a los agentes a “reintegrarse de manera inmediata” y aseguró que el gobierno está dispuesto a revisar el esquema salarial, especialmente para la jerarquía más baja. Según indicó, se trabajará para que el ingreso inicial se acerque al valor de la canasta básica que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El reclamo, sin embargo, va más allá de un bono extraordinario. Los uniformados rechazan el plus anunciado —$500.000 para principales ciudades y $250.000 para choferes— y exigen una recomposición estructural del salario. También piden mejoras en salud mental y condiciones laborales, en un contexto atravesado por el suicidio de un suboficial que conmocionó a la fuerza.

Minutos antes del mediodía se registraron empujones frente a la sede policial y el jefe de la fuerza, Luis Maldonado, fue agredido mientras intentaba dialogar con los manifestantes. Sirenazos, quema de neumáticos y cortes de calle volvieron a marcar la escena en el sur provincial.

El trasfondo es profundo. Muchos efectivos provienen del norte santafesino y deben afrontar largos traslados y gastos de alojamiento en Rosario. El régimen de 12 horas de servicio por 36 de descanso, sumado a salarios que —según denuncian— no alcanzan a mitad de mes, alimenta un malestar que ya se replica en otras ciudades.

El conflicto expone una tensión delicada: cómo garantizar seguridad pública en una de las ciudades más golpeadas por la violencia en los últimos años sin descuidar las condiciones del personal. El gobierno de Maximiliano Pullaro enfrenta el desafío de ordenar la fuerza sin abrir una crisis institucional mayor.

El desenlace marcará un precedente. Si prospera una mejora salarial diferenciada para seguridad, podría generar reclamos en otros sectores de la administración pública provincial. Si no hay acuerdo, el riesgo es que la protesta se extienda y erosione aún más la gobernabilidad en un año sensible.