¿Por qué alarma tanto el informe sobre el arsénicoy qué deberíamos tener en cuenta ante de consumir agua?

El informe que mostró niveles de arsénico en distintas localidades reabrió una discusión que no es nueva: qué se controla, quién controla y qué llega realmente a las canillas del interior cordobés. Mientras el Gobierno relativiza el estudio, investigadores reclaman transparencia y políticas sostenidas para garantizar agua segura, sobre todo en zonas rurales y fuera de red.

La difusión de un mapa elaborado a partir de un estudio del Instituto Tecnológico de Buenos Aires reactivó la preocupación por la presencia de arsénico en el agua de varias localidades de Córdoba y el país. Lo que comenzó como un trabajo científico terminó generando alarma social, obligando a cooperativas, prestadoras y al propio Gobierno provincial a explicar si el agua que consumen miles de familias es realmente segura.

Desde la Provincia, el secretario de Recursos Hídricos, Edgar Castelló, intentó bajar el tono del conflicto al asegurar que “el agua que llega a los hogares cordobeses es segura para consumir” y relativizó el informe. Afirmó que muchos de los puntos rojos corresponden a “pozos que no se utilizan para abastecimiento” y que parte de la información está “mal emplazada”. También señaló que en zonas con problemas se recurre a acueductos para garantizar calidad.

Pero desde el ámbito científico la mirada no es tan tranquilizadora. El investigador y licenciado en Ciencias Químicas Ezequiel Di Tofino sostuvo en diálogo con Telediario que “no es un tema nuevo, lo que llama la atención es que aún no se haya hecho nada”. Recordó que muchas perforaciones sí se usan para provisión y que los sistemas de filtrado domésticos son costosos e inaccesibles:

“No podemos pedirle al vecino que compre filtros caros para potabilizar lo que debería llegar seguro desde la red”.

El debate vuelve a exponer un problema estructural que atraviesa a las economías regionales: la desigualdad en el acceso a servicios básicos. El sur provincial —zona históricamente afectada por aguas con mayor salinidad y presencia natural de arsénico— depende de pequeños sistemas locales donde el control estatal es débil o irregular. Localidades como Vicuña Mackenna, Etruria, La Bulaya, Villanueva o Villa María quedaron señaladas en el mapa, aunque el Gobierno insiste en que la información no refleja la situación actual.

El impacto no es menor: el arsénico puede generar cuadros crónicos a largo plazo, desde afecciones gastrointestinales hasta carcinogénesis. Y el propio Di Tofino advierte que la ciudadanía no tiene herramientas para saber si su agua es segura:

“Los análisis deberían ser públicos y accesibles, pero muchas empresas dicen que los publican y después no aparecen”.

El conflicto promete escalar si no se avanza en controles transparentes y políticas hídricas sostenidas. La discusión científica es válida, pero la pregunta de fondo sigue sin respuesta:

¿qué pasa con las miles de familias que viven fuera de la red, dependen de perforaciones y no pueden costear sistemas de filtrado?

En un contexto donde el acceso al agua es un derecho básico, la presión social puede forzar al Estado a tomar medidas más claras en los próximos meses.