“Ojalá la pericia determine que realmente es una persona peligrosa”

El secretario general de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio (AGEC) de Río Cuarto, José Luis Oberto, se refirió al traslado de Juan Pablo Torradi, conocido como “el exhibicionista del centro”, al complejo carcelario de Córdoba.

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El dirigente sindical valoró la decisión de la Justicia pero advirtió que el problema de fondo sigue siendo el miedo de las trabajadoras del sector comercial, quienes durante meses sufrieron amenazas, hostigamiento y episodios de violencia.

Torradi fue derivado desde el Nuevo Hospital de Río Cuarto, donde había permanecido internado en el área de salud mental, hacia una dependencia de Córdoba para la realización de una pericia multidisciplinaria que determine si comprendía la responsabilidad de sus actos. El fiscal Javier Disanto confirmó que el acusado permanecerá allí hasta que se conozcan los resultados.

Para Oberto, esta medida significa apenas una pausa en la preocupación que atraviesan empleadas y comerciantes:

“Es un alivio temporario, porque si las pericias determinan que no es consciente de lo que hace, puede volver a Río Cuarto y retomar su libertad. Eso genera pánico en las trabajadoras que ya lo padecieron”, señaló.

El titular de AGEC recordó que Torradi llegó a ingresar incluso al propio sindicato, donde se mostró violento verbalmente con empleadas. “Estamos ante una forma de violencia hacia la mujer comparable a la de una expareja violenta. Las chicas recibían amenazas, intimidaciones y hasta extorsiones para entregarle dinero”, advirtió.

Además, Oberto mencionó la vinculación de Torradi con el crimen de Teresa Frúa y alertó sobre el riesgo de que situaciones de acoso deriven en hechos de mayor gravedad:

"Para nosotros, para el ciudadano común, configura una figura de alguien que realmente pone en peligro la vida de las personas a donde él entra y donde amenaza, que después las encuentra en las calles y también las amenaza y aparte le sumamos el tema de exhibicionista.”

El dirigente insistió en que, más allá de lo que definan las pericias, la Justicia debe aplicar medidas restrictivas claras:

“Mínimamente debería prohibírsele volver a ingresar a los lugares donde ya intimidó a mujeres. Si no, esto puede terminar en hechos lamentables. Hay trabajadoras que no denunciaron por miedo, y ese miedo es un delito en sí mismo”, aseguró.

Desde AGEC plantean que este caso exige un trabajo coordinado entre comerciantes, sindicato, fuerzas de seguridad y el Poder Judicial. Lo que está en juego, remarcan, es la seguridad de las trabajadoras del sector y la tranquilidad de toda la comunidad del centro de Río Cuarto.