“Más allá de las diferencias políticas, lo que debe primar es el respeto por la Ley y las Instituciones” Rovera valoró el fallo

La rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marisa Rovera, celebró el fallo que ordena al Estado cumplir con la ley de financiamiento. Advirtió sobre la pérdida salarial y el impacto en todo el sistema educativo.

La rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marisa Rovera, calificó como una “gran noticia” el fallo judicial que vuelve a ordenar al Estado nacional cumplir con la ley de financiamiento universitario. La resolución ratifica una medida cautelar previa y exige la actualización inmediata de salarios docentes y no docentes, además de las becas estudiantiles.

Según explicó, se trata de un nuevo respaldo de la Justicia a un reclamo que ya lleva más de dos años.

“La Cámara confirma que el Estado debe cumplir la ley que fue sancionada y promulgada, pero que no se aplicó desde octubre del año pasado”, señaló durante la entrevista.

El fallo tiene un impacto directo en dos aspectos críticos: los ingresos de los trabajadores universitarios y el sostenimiento de los estudiantes. En un contexto de fuerte deterioro salarial, la rectora advirtió que la pérdida del poder adquisitivo supera el 30%, mientras que las transferencias para el funcionamiento de las universidades también muestran un retroceso significativo.

Rovera fue contundente al describir el escenario actual: “Es una crisis sin precedentes”. La prolongación del conflicto, sumada a la falta de actualización presupuestaria, empuja a nuevas medidas de fuerza y tensiona el normal desarrollo del ciclo lectivo en todo el país.

En ese sentido, remarcó que el reclamo no es solo sectorial, sino que involucra a toda la sociedad.

“Defendemos un derecho universal como es la educación pública, con un respaldo social muy fuerte”, afirmó.

El impacto del desfinanciamiento no es uniforme: golpea con más fuerza a las universidades del interior, que dependen en mayor medida de los fondos nacionales. En provincias como Córdoba, donde la universidad pública es un motor clave del desarrollo regional, la falta de recursos afecta no solo a la educación, sino también a la economía local y la producción de conocimiento.

Desde esta perspectiva, el fallo también reabre el debate sobre el federalismo y la distribución de recursos. La no aplicación de la ley implica, en los hechos, una asfixia financiera que condiciona el funcionamiento de instituciones en todo el país, especialmente fuera de los grandes centros urbanos.

Aunque la medida judicial ordena un cumplimiento inmediato en puntos clave, el conflicto de fondo sigue abierto. El Gobierno puede apelar y la resolución final aún está en proceso. Mientras tanto, las universidades anticipan que continuarán con el reclamo y la visibilización del conflicto.

“Más allá de las diferencias políticas, lo que debe primar es el respeto por la ley y las instituciones”, sostuvo Rovera.

En ese marco, el fallo aparece no solo como un alivio parcial, sino también como un mensaje institucional en medio de una disputa que combina economía, política y derechos fundamentales.