El Gobierno reglamentó el fondo que financiará las indemnizaciones laborales
- Telediario Digital
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El Ejecutivo puso en marcha la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo previsto en la reforma laboral que permitirá financiar indemnizaciones mediante aportes de los empleadores. Aunque fue oficializado este lunes, comenzará a regir recién el 1° de noviembre de 2026.
El Gobierno nacional reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una de las herramientas centrales incluidas en la Ley de Modernización Laboral.
El nuevo esquema busca reemplazar el sistema tradicional de previsión de indemnizaciones mediante fondos específicos financiados por los empleadores y administrados bajo supervisión estatal.
La medida fue oficializada a través del Decreto 408/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
Según la normativa, los fondos podrán constituirse mediante vehículos de inversión colectiva autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), como fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros, con el objetivo de garantizar recursos para afrontar eventuales despidos.
El esquema alcanzará a empleadores del sector privado, mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de recaudar y transferir los aportes.
Cada empresa deberá informar un identificador específico denominado “ID FAL”, que permitirá asignar correctamente los fondos correspondientes.
Uno de los puntos centrales establece que, una vez aprobada la solicitud de pago, la entidad administradora deberá transferir la indemnización al trabajador en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Además, los recursos solo podrán invertirse en instrumentos financieros emitidos y negociados dentro de la Argentina, una condición que el Gobierno justifica como una forma de impulsar el financiamiento de la economía local.
La implementación del FAL abre un nuevo debate sobre los costos laborales y el funcionamiento del mercado de trabajo en las provincias.
Sectores productivos, pymes y economías regionales seguirán de cerca la reglamentación definitiva para evaluar si el sistema reduce la incertidumbre financiera asociada a los despidos o si implica nuevas cargas administrativas para las empresas.
En regiones donde predominan pequeñas y medianas empresas, especialmente en el interior productivo, la discusión estará centrada en el costo de los aportes obligatorios y en el efecto que pueda tener sobre la generación de empleo formal. También habrá expectativa por el comportamiento de los fondos y la capacidad de garantizar el pago efectivo de las indemnizaciones.
Por ahora, el nuevo régimen no entrará en vigencia de manera inmediata. El Gobierno decidió postergar su aplicación hasta el 1° de noviembre de 2026 para que la Secretaría de Trabajo, la CNV, ARCA y la Secretaría de Finanzas dicten las normas complementarias necesarias para su funcionamiento.