¿Más castigo o más prevención? Las dudas que deja la baja de la edad de imputabilidad
- Telediario Digital
- 2 feb
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Mientras el Gobierno impulsa bajar la edad de imputabilidad con el argumento de “terminar con la impunidad”, un juez de menores de Catamarca, Rodrigo Morabito, salió a cuestionar la “respuesta punitiva” con una carta que se viralizó,
El debate por la baja de la edad de imputabilidad volvió al centro de la escena política, impulsado por el Gobierno nacional como una respuesta frente a delitos graves cometidos por adolescentes. Sin embargo, el juez Rodrigo Morabito, en justicia penal juvenil advierté que el problema está mal planteado:
"Ni los números justifican el endurecimiento ni la cárcel ofrece soluciones duraderas a la violencia"
Según los datos oficiales, el delito adolescente representa apenas entre el 3 y el 4% del total de delitos en la Argentina, y dentro de ese universo, los hechos más graves constituyen una proporción aún menor. Incluso al focalizar en homicidios, la participación de adolescentes, punibles y no punibles, no supera el 1% en provincias de alta densidad poblacional como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.
Morabito señala que en ese contexto, el uso de casos extremos para justificar reformas estructurales aparece como una estrategia más discursiva que efectiva.
“No se trata de negar la gravedad de los hechos ni de romantizar el delito, sino de debatir en serio cuál es el problema de fondo”.
La Argentina, junto a Cuba, mantiene la edad de imputabilidad en los 16 años y, paradójicamente, registra una de las tasas de homicidio más bajas de América Latina, en torno a 3 cada 100 mil habitantes.
El contraste regional es contundente: países como Brasil, Uruguay o Paraguay tienen edades de imputabilidad más bajas y, al mismo tiempo, índices de violencia muy superiores. El argumento oficial de que “la ley quedó vieja” encuentra consenso parcial.
Se reconoce la necesidad de una nueva ley penal juvenil, pero rechazan que la solución sea únicamente punitiva. Además, recuerdan que la Argentina incorporó la Convención sobre los Derechos del Niño a su Constitución, y acumula condenas internacionales por vulneraciones a los derechos de la infancia, lo que vuelve aún más sensible cualquier reforma regresiva.
¿Y las víctimas? Lejos de ignorarlas, el planteo apunta a una deuda estructural del sistema: escucharlas, acompañarlas y darles respuestas reales más allá de la condena. “El sistema penal puede ser una respuesta, pero no es la solución al delito”, señala Morabito y alerta sobre el riesgo de construir políticas desde el miedo, sin abordar las causas profundas de la violencia social que atraviesa a toda la sociedad.
