Las leyes y el poder, detrás del fuego

Mientras los incendios llevan casi dos meses activos en la cordillera de Chubut, crece una lectura política que pone el foco en la falta de prevención, el modelo forestal basado en pinares y un combo de reformas legales que despierta sospechas en pleno desastre ambiental.

---

Los incendios forestales que arrasan la cordillera de Chubut dejaron de ser solo una tragedia ambiental. Con focos activos desde hace semanas, la discusión se corre cada vez más hacia el plano político: qué modelo forestal se impulsó durante décadas, qué rol tuvo el Estado en la prevención y qué intereses aparecen cuando el fuego ya hizo su trabajo.

En diálogo con nuestro medio, el periodista chubutense Fabricio Cardelli explicó que uno de los ejes centrales es la expansión histórica de los pinares en la región cordillerana.

“No son bosques nativos. Son árboles implantados, altamente inflamables, que hoy funcionan como combustible”, señaló.

En la zona de Epuyén, uno de los focos más graves, el fuego avanzó con una velocidad devastadora precisamente por tratarse de pinos.

Un modelo que hoy pasa factura

La plantación masiva de pinares fue una política estatal de décadas atrás. En el actual contexto de emergencia climática —menos nieve, menos lluvias y sequías prolongadas— ese modelo se volvió explosivo.

“Es una especie adaptada al fuego: se quema, pero vuelve a brotar con más fuerza. Por eso cada incendio de pinos es tan difícil de controlar”, explicó Cardelli.

Hoy, la cordillera chubutense enfrenta dos incendios de gran magnitud. Al norte, el de Epuyén, vinculado a zonas de pinares y con fuertes sospechas de intencionalidad. Al sur, el del Parque Nacional Los Alerces, iniciado en diciembre y que afecta bosque nativo. Según los equipos que trabajan en el lugar, este último se habría originado por la caída de un rayo, pero su expansión expuso serias falencias en prevención y respuesta estatal.

En investigaciones publicadas por el medio Sur Arriba, colegas de la cordillera advierten sobre una secuencia que se repite: territorio incendiado, pérdida de actividad productiva y posterior venta de tierras.

“Un productor pierde animales, campo e ingresos. En ese contexto, vender se vuelve casi inevitable”, describió Cardelli. De allí surgen las sospechas sobre posibles loteos y negocios inmobiliarios en áreas que no son protegidas.

Este escenario se potencia con dos reformas legales recientes. Por un lado, la modificación de la Ley de Manejo del Fuego (26.815), que ahora permite cambiar el uso del suelo después de un incendio, algo que antes estaba prohibido. Por otro, los cambios en la Ley de Tierras (26.737), que vuelven a habilitar la venta de tierras a extranjeros.

“Ese combo, en medio de los incendios, genera muchas dudas”, advirtió el periodista.

Desde las comunidades que viven en el territorio, también se cuestiona el relato oficial. Cardelli remarcó la distancia entre el discurso del gobernador Ignacio Torres y del Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, y lo que efectivamente ocurre en la zona.

La estigmatización de comunidades mapuches como responsables de los incendios “ya no entra” en Chubut, señaló, sobre todo porque esas mismas comunidades fueron víctimas directas del fuego.

A la falta de credibilidad se suma la demora en recursos. Brigadistas, bomberos y aviones llegaron tarde o de manera insuficiente, mientras los anuncios oficiales —según denuncian en la provincia— no siempre se tradujeron en acciones concretas. La Patagonia ya acumula casi dos meses de incendios activos y un desgaste extremo en quienes combaten el fuego.

Con el fuego aún encendido, la discusión sigue abierta. ¿Se revisará el modelo forestal? ¿Habrá cambios reales en prevención y presupuesto? ¿O los incendios volverán a salir de agenda hasta el próximo verano?

En Chubut, la sensación es clara: el problema no es solo el fuego, sino las decisiones políticas que lo rodean.