La universidad pública en alerta: docentes advierten que el ajuste pone en riesgo su futuro
- Telediario Digital
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Durante tres días, los docentes universitarios realizan un paro sin asistencia a los lugares de trabajo para exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Reclaman recomposición salarial, presupuesto para investigación y becas, y denuncian que la precarización empuja a muchos profesionales al sector privado.
El sistema universitario público de todo el país atraviesa un nuevo conflicto. Desde este martes, los docentes de las universidades nacionales iniciaron un paro por 72 horas en reclamo de la falta de actualización salarial y del incumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional en materia de financiamiento educativo.
La medida fue decidida por las federaciones docentes CONADU y CONADU Histórica y afecta el normal dictado de clases en todas las sedes universitarias. En Río Cuarto, la Asociación Gremial Docente acompaña la protesta.
“Estamos solicitando que se ponga en vigencia la Ley de Financiamiento Universitario, que no ha sido cumplida. Todo sigue siendo una deuda interna con el sistema educativo”, sostuvo Florencia Granatto, secretaria general del gremio.
Granatto advirtió que la falta de paritarias y la pérdida del poder adquisitivo generan un fuerte deterioro en la calidad académica: “Los docentes buscan complementar ingresos manejando un Uber, vendiendo productos o migrando a universidades privadas. En Río Cuarto, por ejemplo, la llegada de la Universidad Católica de Córdoba abrió una competencia directa, con salarios más altos que los de la universidad pública”.
La dirigente señaló que el impacto del ajuste también alcanza a los programas de investigación, extensión y becas estudiantiles.
“Si los trabajadores empiezan a ajustar el tiempo que dedican a la docencia, la investigación o la extensión para dedicarse a otras tareas, todas las labores se ven resentidas”, lamentó.
El reclamo incluye la exigencia de que el Presupuesto Nacional 2026 contemple los fondos previstos en la ley: recomposición salarial, financiamiento para ciencia y tecnología y becas para garantizar la inclusión educativa. Mientras tanto, el malestar docente crece y amenaza con extender el conflicto si no hay respuestas oficiales.