La iglesia cuestiona la prohibición de los “trapitos” y pide frenar el tratamiento exprés del código de convivencia
- Telediario Digital
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Mientras la Legislatura Unicameral de Córdoba avanza con cambios que buscan prohibir a los “trapitos” en toda la provincia, la Iglesia Católica cuestionó el apuro legislativo y pidió abrir instancias de diálogo social más amplias.
La Legislatura Unicameral de Córdoba discute una modificación al Código de Convivencia que incluye la prohibición de los denominados “trapitos” o “naranjitas” en todo el territorio provincial. La iniciativa, anunciada oficialmente el viernes pasado, reactivó un debate sensible que cruza seguridad urbana, uso del espacio público e informalidad laboral.
En ese marco, la Iglesia Católica de Córdoba difundió un documento titulado “Por un Código de Convivencia donde haya lugar para todos”, firmado por la Pastoral Social – Vicaría de los Pobres. Allí se cuestiona el tratamiento acelerado del proyecto, especialmente sobre el cierre del año legislativo, y se advierte que el apuro limita la posibilidad de construir consensos y miradas integrales frente a una problemática social compleja.
En diálogo con Telediario, el padre Melchor López, vicario del arzobispo Ángel Rossi y referente de la Vicaría de los Pobres, aclaró que la postura de la Iglesia no busca imponer una visión ni realizar juicios categóricos.
“Nuestra perspectiva es el diálogo. Creemos que hacen falta más miradas, más escucha y más tiempo para debatir problemas complejos”, sostuvo.
López remarcó que muchas de las personas que realizan estas tareas informales “son vecinos que trabajan honestamente porque no encuentran otra alternativa laboral”. En ese sentido, advirtió que una prohibición generalizada no ataca las causas de fondo.
“No avalamos abusos, extorsiones ni delitos bajo ningún punto de vista, pero la experiencia de la calle muestra que prohibir no hace desaparecer estas realidades”, explicó.
El documento de la Pastoral Social también pone el foco en el momento político elegido para impulsar la reforma y en la falta de instancias previas de participación social. Desde la Iglesia señalan que el fenómeno no es homogéneo en toda la provincia y que la realidad de las grandes ciudades no siempre coincide con la del interior, donde estas prácticas suelen funcionar como estrategias de subsistencia ante la falta de empleo formal.
Además, el planteo eclesial invita a pensar el Código de Convivencia no solo como una herramienta de control, sino como parte de una política pública más amplia que articule seguridad, trabajo, capacitación y acompañamiento social.
Según advierten, las respuestas exclusivamente punitivas tienden a desplazar el problema sin resolverlo y pueden profundizar situaciones de exclusión.
Mientras el oficialismo defiende la necesidad de actualizar el Código para ordenar el espacio público, la intervención de la Iglesia suma una voz crítica al debate y expone una tensión de fondo que atraviesa a toda la provincia: cómo garantizar convivencia y orden urbano sin criminalizar la pobreza ni dejar afuera a los sectores más vulnerables. El tratamiento legislativo continuará en los próximos días, en un escenario atravesado por fuertes discusiones políticas y sociales.