La emergencia en discapacidad, otra vez en jaque por el incumplimiento de Nación
- Telediario Digital
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La abogada Marta Lastra, referente de Fundación Familias CEA, denunció que el Estado nacional sigue sin cumplir una resolución judicial vigente que ordena la plena aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Alertan por pensiones dadas de baja, aranceles desactualizados y servicios al borde del colapso.
La situación de las personas con discapacidad volvió al centro del debate público. A pesar de que la Ley de Emergencia en Discapacidad fue tratada y ratificada en el Congreso, desde el sector denuncian que el Gobierno nacional argentino continúa dilatando su implementación efectiva, incluso frente a una orden judicial expresa.
En diálogo con este medio, la Dra. Marta Lastra advirtió que fue necesario iniciar una acción colectiva de amparo para exigir el cumplimiento de la norma. Según explicó, el Estado presentó recusaciones y apelaciones de manera sistemática, lo que terminó retrasando derechos básicos como la restitución de pensiones no contributivas y la actualización de los aranceles para prestadores.
“Reglamentar no puede ser una excusa dilatoria”, sostuvo Lastra. Remarcó que no se necesita ninguna reglamentación adicional para restablecer pensiones dadas de baja ni para actualizar el nomenclador, que —según indicó— debería haberse incrementado un 70% y solo recibió un aumento parcial del 30%.
El impacto se siente con fuerza en las provincias. Instituciones, centros terapéuticos y profesionales de la discapacidad enfrentan demoras de hasta seis meses en los pagos, un escenario que pone en riesgo la continuidad de los servicios.
“Hay prestadores ahogados fiscalmente y familias que quedan sin acompañamiento”, alertó la abogada, subrayando que la crisis no distingue distritos y golpea con más fuerza en el interior del país.
En ese marco, la Justicia fijó una fecha límite: el 2 de abril. Ese día vence el plazo otorgado al Ejecutivo para la puesta en marcha efectiva de la ley. De no cumplirse, la causa podría derivar en la Fiscalía por presunta desobediencia a la autoridad, según el artículo 239 del Código Penal.
Mientras tanto, organizaciones y familias anticipan que seguirán reclamando en los tribunales y en el Congreso.
“Esto no es un imperio, es una democracia”, concluyó Lastra, al tiempo que reclamó que el Estado cumpla con la ley y garantice derechos que, remarcan, son urgentes y básicos.