La comisión libra reveló 88 billeteras, visitas a casa rosada y un patrón de negocios cripto en el poder
- Telediario Digital
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Tras tres meses de trabajo y un informe de 200 páginas, la comisión especial por el caso Libra concluyó que hay responsabilidad política del presidente Javier Milei. El diputado Maximiliano Ferraro pidió que el Congreso evalúe el “mal desempeño”, denunció violaciones a la ley de ética pública y una preocupante mezcla entre negocios cripto y funciones oficiales.
La Comisión Libra cerró su trabajo con un documento demoledor: 200 páginas, tres meses de audiencias y una conclusión central. Para el cuerpo que integró y presidió el diputado nacional Maximiliano Ferraro, hay responsabilidad política del presidente Javier Milei en el escándalo del proyecto cripto Libra y corresponde que el Congreso evalúe si incurrió en mal desempeño de sus funciones. Así lo expresó el legislador en diálogo con este medio, al detallar las principales conclusiones del informe final.
Ferraro explicó que la comisión detectó “negligencia y falta de todo tipo de control interno” el 14 de febrero, alrededor de las 19, cuando Milei publicó, fijó y promocionó el contrato de Libra desde su cuenta de X.
De allí se desprenden dos interrogantes clave que siguen sin respuesta: quién y cómo le entregó al Presidente el número de contrato alfanumérico de más de 40 caracteres, que no tenía estado público, y quiénes accedieron a información privilegiada 22 segundos antes del anuncio para comenzar a mover fondos.
Según el informe, se identificaron unas 88 billeteras, de las cuales 32 obtuvieron ganancias por más de un millón de dólares, y se reconstruyó el circuito del dinero que vincula al ciudadano norteamericano Davis, a Mauricio Novelli y a Terrones Godoy, incluso con aperturas y movimientos en cajas de seguridad del Banco Galicia en Martínez.
El trabajo parlamentario también cuestiona el rol de la Secretaría General de la Presidencia, que habilitó instalaciones de Casa Rosada y la Quinta Presidencial para al menos 14 ingresos de figuras del “mundo marginal cripto”, como Novelli, Terrones Godoy, Hayden Davis y el singapurense Julian Peh., quien habría ingresado al país con otro nombre. No todos esos contactos quedaron debidamente registrados como gestión de intereses.
Para Ferraro, allí se configura una violación a la ley de ética pública y una grave confusión entre lo público y lo privado: el uso de la investidura presidencial y de ámbitos institucionales para promover un proyecto de negocios.
El informe subraya, además, una anomalía institucional: ni Milei ni la secretaria general Karina Milei aceptaron comparecer ante la comisión, pese a las reiteradas citaciones. Tampoco asistieron el ministro de Justicia, el titular de la Oficina Anticorrupción ni la responsable de la unidad de tareas de investigación.
Ferraro remarcó que algo así “no había sucedido en ninguna otra comisión investigadora” de las últimas décadas, ni en los casos IBM, AMIA, Ara San Juan ni en la comisión de lavado de dinero impulsada por Elisa Carrió, donde siempre se presentaron funcionarios o exfuncionarios. Para el diputado, se desoyó una facultad implícita clave del Congreso, prevista en el artículo 75 inciso 32 de la Constitución: la potestad investigativa como contrapeso al Ejecutivo.
En el plano judicial, la causa Libra llegó al juzgado federal de Martínez de Giorgi, que delegó la investigación en el fiscal Taiano tras pasar por cuatro jueces. Ferraro admitió que les hubiera gustado “mucha más celeridad”, aunque destacó que información aportada por la comisión fue luego corroborada por la Justicia y derivó en la resolución del 6 de noviembre, que ordenó congelar determinadas billeteras cripto.
También valoró el informe técnico del área especializada del Ministerio Público Fiscal, pero cuestionó el hermetismo del Poder Ejecutivo sobre su propia “autoinvestigación”, cuyo informe sigue bajo secreto y “bajo siete llaves”, pese a los reclamos de organizaciones como Poder Ciudadano.
Más allá de los detalles técnicos, el caso Libra abre un frente político de alto voltaje. Para Ferraro, existe un patrón de conducta en el que se repite la mezcla entre intereses privados y responsabilidades públicas, que ya había aparecido en diciembre de 2024 con el lanzamiento del token Keep Protocol, también amplificado desde el entorno presidencial.
El informe ahora deja la pelota en la cancha del Congreso: serán los diputados y senadores, con todas las provincias representadas, quienes deberán decidir si avanzan o no sobre un eventual mal desempeño del Presidente.