¿Impericia o error judicial? las filmaciones que derrumbaron una acusación

Dos efectivos policiales fueron absueltos tras la aparición de filmaciones que demostraron que no participaron del hecho por el que estaban imputados. Su abogado apuntó contra la investigación fiscal por “impericia y apresuramiento”.

La reciente condena al policía Daniel Heredia Nas por abusos sexuales en la Alcaidía de la Unidad Departamental de Río Cuarto tuvo un capítulo inesperado: otros dos efectivos fueron absueltos, luego de que aparecieran las cámaras de seguridad que demostraron su inocencia.

Durante más de un año, los policías —un hombre y una mujer— estuvieron imputados por vejaciones contra un joven detenido. Según el relato del abogado defensor, Paulo Spamer, la acusación se sostenía únicamente en el testimonio de la supuesta víctima y en ningún momento se había podido acceder a las grabaciones del lugar.

“La policía informó en su momento que las cámaras no estaban, que se habían borrado. Pero el viernes anterior al juicio aparecieron las imágenes y se comprobó que no hubo ningún maltrato ni la presencia de mi defendido en el lugar”, explicó Spamer en diálogo con Telediario Digital.

El abogado calificó la situación como un “error de procedimiento” y cuestionó duramente el accionar de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Segundo Turno, a cargo del fiscal Daniel Miralles De Santo, por lo que definió como una investigación “apresurada e imperita”.

“Si esas cámaras se hubiesen visto en su momento, mi defendido nunca habría sido imputado. Estuvo un año en situación pasiva, cobrando solo un tercio del salario, por una causa que terminó con absolución total”, señaló.

Spamer solicitó que la sentencia sea remitida al Tribunal de Conducta Policial y al Tribunal de Disciplina de Córdoba para que se revise el accionar del Ministerio Público y se restituyan los derechos laborales de los agentes. También pidió que se investigue la posible falsa denuncia del joven que originó el proceso.

La aparición tardía de las cámaras reaviva el debate sobre la transparencia y eficacia en las investigaciones judiciales. Para los defensores, lo ocurrido no solo expone fallas en la instrucción penal, sino también las consecuencias personales y profesionales que puede acarrear una imputación injusta dentro de la fuerza.