Glaciares en riesgo: crece la presión en las calles mientras diputados acelera la votación

A horas de la votación en Diputados, se multiplican las movilizaciones en distintas provincias. Sectores ambientales denuncian falta de participación real y advierten que la reforma podría implicar una “regresión” en la protección del agua.

La reforma de la Ley de Glaciares entra en una etapa decisiva en el Congreso mientras crecen las protestas en distintos puntos del país. Este martes, comisiones avanzaban con el dictamen para habilitar un tratamiento rápido en el recinto, en una sesión que el oficialismo buscará cerrar con los votos necesarios para su aprobación.

En paralelo, organizaciones ambientales, científicos y ciudadanos se movilizan con fuerza, especialmente en provincias como Mendoza, donde el reclamo por el agua tiene un peso histórico. Desde allí, referentes del sector advierten que la iniciativa podría modificar criterios clave de protección y habilitar actividades en zonas que hoy están restringidas.

En diálogo con Telediario Federal, la comunicadora Noelia Medero, detalló que uno de los puntos más cuestionados es la redefinición de qué se considera área protegida. Según denunciaron, el proyecto permitiría excluir ciertos cuerpos de hielo o zonas periglaciares del régimen de protección, lo que abriría la puerta a actividades extractivas. Además, se cuestiona que el control pasaría en mayor medida a manos de las provincias, lo que —según advierten— podría generar desigualdad de criterios según intereses productivos locales.

El proceso también está en el centro de la polémica. Desde sectores opositores y organizaciones civiles sostienen que, pese a la alta cantidad de inscriptos en audiencias públicas, solo una minoría pudo expresarse de manera efectiva. En ese marco, crece el reclamo por un mecanismo vinculante que permita una participación más directa de la ciudadanía en una decisión considerada estratégica.

Desde una mirada federal, el debate expone tensiones profundas. Mientras provincias cordilleranas dependen directamente del agua de deshielo para consumo, producción y energía, la posibilidad de flexibilizar controles genera alarma por el impacto a largo plazo. La discusión ya no es solo ambiental: también involucra economías regionales, producción agrícola y acceso al agua en un contexto de sequía prolongada.

Con movilizaciones previstas en todo el país y legisladores aún indecisos, el escenario sigue abierto. La votación no solo definirá el futuro de la ley, sino también el equilibrio entre desarrollo productivo y preservación de un recurso estratégico que atraviesa a toda la Argentina.