“Esto va a explotar en las provincias”: La advertencia por la derogación de la ley de discapacidad

El dictamen impulsado por el Gobierno nacional propone derogar la ley de emergencia en discapacidad y otras normas sensibles. Especialistas advierten por un retroceso histórico, el colapso del sistema de prestaciones y un fuerte impacto en las provincias.

El tratamiento del Presupuesto 2026 abrió un nuevo frente de conflicto político y social. El dictamen impulsado por el oficialismo incorpora la derogación de la ley de emergencia en discapacidad, una decisión que encendió la alarma en organizaciones, familias y profesionales del sector en todo el país.

En diálogo con este medio, la abogada y especialista en discapacidad Marta Lastra cuestionó con dureza la iniciativa. “Entre gallos y medianoche, el gobierno sigue usando artimañas para atacar al sector de máxima desventaja del país”, afirmó. Según explicó, se trata de un colectivo que ya vive en condiciones de vulnerabilidad estructural y que ahora enfrenta un escenario de mayor exclusión.

Lastra recordó que la ley de emergencia en discapacidad ya había sido vetada y luego restituida por el Congreso, un hecho inédito. Sin embargo, denunció que nunca se aplicó plenamente.

“Promulgan y suspenden la ejecución. Tuvimos que iniciar acciones de amparo y la Justicia ya ordenó al Presidente cumplir la ley”, señaló, en referencia a un reciente fallo de primera instancia.

El nuevo dictamen presupuestario, advirtió, va aún más lejos. “Directamente buscan derogar la ley de emergencia en discapacidad y ponen más restricciones: personas con Certificado Único de Discapacidad no podrían acceder a pensiones no contributivas”, explicó. Para la especialista, esto implica un retroceso grave en derechos adquiridos.

El impacto federal es uno de los puntos más críticos. En provincias como Córdoba, Lastra indicó que existen más de 300 instituciones vinculadas a la discapacidad —escuelas especiales, centros terapéuticos, hogares y talleres protegidos— que hoy están endeudadas y al borde del cierre.

“Si estos dispositivos privados colapsan, el sistema público no tiene capacidad para contener a millones de personas. Esto va a explotar en las provincias”, advirtió.

Con más de cinco millones de personas con discapacidad en el país, el debate trasciende el Congreso. La responsabilidad, sostuvo Lastra, recaerá ahora en gobernadores y legisladores. “Les pedimos que no apoyen un presupuesto que busca terminar con el sistema de discapacidad. La calle ya está diciendo otra cosa”, concluyó, anticipando un escenario de fuerte tensión social si la derogación avanza.

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