Entre homenajes repetidos, empleados 'fantasma' y gestos huecos

Por Martín Urricelqui | El debate que se generó en torno al concejal Mario Lamberghini y su propuesta de darle mayor realce al Día del Maestro tiene un costado curioso y otro profundamente inquietante. Curioso, porque legislar para recordar una fecha que ya está en el calendario nacional desde hace más de un siglo resulta, como mínimo, redundante. Inquietante, porque pone sobre la mesa una pregunta que incomoda: ¿Qué están haciendo realmente nuestros poderes legislativos?

No se trata solo de Río Cuarto ni de un Concejo Deliberante que puede estar buscando dar visibilidad a través de un gesto simbólico. Se trata de una práctica extendida en legislaturas provinciales y en el Congreso nacional, donde se multiplican las declaraciones, las designaciones honoríficas, los “días de” y los proyectos que hacen ruido pero dejan poco. ¿Es ese el mejor uso del tiempo y los recursos públicos?

El caso reciente de la Legislatura de Córdoba aporta ejemplos mucho menos simbólicos y bastante más graves. Allí apareció la tristemente célebre “empleada fantasma”, contratada para un cargo legislativo al que nunca asistió, mientras un dirigente intentaba cobrar su sueldo de manera irregular. A esto se suma la lista revelada por la vicegobernadora: más de mil empleados, entre los cuales figuran al menos 86 exintendentes, reciclados como asesores legislativos sin funciones claras.

La Legislatura de Córdoba ya venía golpeada por un escándalo mayor: el protagonizado por el exlegislador Oscar González, quien debió renunciar a la presidencia provisional tras el trágico choque en las Altas Cumbres en 2022, que lo involucró en la muerte de una mujer y dejó a dos adolescentes heridas. El episodio expuso no solo su responsabilidad personal, sino también los privilegios y la opacidad con los que se manejaba el cuerpo legislativo:

González conducía un auto oficial de alta gama que había sido secuestrado en una causa judicial y luego puesto a disposición de la Legislatura. El caso marcó un punto de inflexión en la percepción pública sobre cómo se administran los recursos y los beneficios en una de las instituciones más caras de la provincia.

En definitiva, las legislaturas terminan funcionando muchas veces como refugio para quienes ya no tienen cargo, como ámbito donde se pagan sueldos por favores políticos y como engranajes de una burocracia que se reproduce a sí misma sin aportar demasiado a la tarea legislativa que debería justificar su existencia.

Si ampliamos el foco al Congreso nacional, los números también hablan. En 2022, por citar un ejemplo, se sancionaron apenas 36 leyes, uno de los peores registros desde 1983. Y sabido es lo que ocurre también en los años electorales, en los que prácticamente la actividad legislativa se reduce a su mínima expresión porque lo que marca el ritmo, claramente, es la campaña.

Es más, dentro de cada sesión, la cuestión puede resultar más inquietante. Un informe elaborado por Colossus Lab, un centro de investigación especializado en el análisis del funcionamiento de las instituciones políticas en Argentina, reveló que en la Cámara de Diputados entre enero de 2024 y julio de 2025 se destinó entre el 70% y el 85% del tiempo de las sesiones a homenajes, cuestiones reglamentarias, acusaciones cruzadas y debates fuera del temario legislativo. En contraste, apenas entre un 15% y un 30% del tiempo se utilizó para discutir proyectos de ley. El dato no solo ilustra la ineficiencia en el uso de las sesiones, sino que también expone una tendencia a priorizar gestos políticos por encima de la tarea concreta de legislar.

Mientras tanto, el presupuesto del Congreso argentino lo coloca entre los más caros de la región, con estructuras pesadas que no siempre se traducen en productividad ni en control efectivo del Ejecutivo.

Por supuesto, no todo es negativo. Hay avances en transparencia, índices que mejoran, y leyes que sí transforman realidades. La pregunta, en el fondo, sería qué porcentaje de la tarea legislativa tiene impacto real en la vida de la gente, y cuánto se pierde en gestos protocolarios o en nombramientos clientelares.

La polémica del Día del Maestro es, en el fondo, una excusa. Una oportunidad para preguntarnos si no estamos naturalizando que nuestros representantes trabajen más para la foto que para el ciudadano. Porque la política también se legitima con símbolos, sí, pero sobre todo con eficacia, con leyes útiles, con control, con transparencia.

Si los legisladores —en los concejos, en las legislaturas, en el Congreso— no logran asumir esa prioridad, entonces lo que se discuta será lo de menos: ya sea una efeméride, una declaración de interés o un homenaje, todo quedará reducido a gestos huecos en medio de un descreimiento social que crece día a día.