El senado mendocino define el futuro de San Jorge: un megaproyecto de u$d 600 millones en medio de protestas masivas

El gobierno de Mendoza busca aprobar la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto San Jorge, un emprendimiento megaminero detenido desde 2011 por falta de licencia social. Con movilizaciones en toda la provincia y críticas al avance del extractivismo a nivel nacional, el conflicto vuelve a exponer la disputa por el agua y el modelo de desarrollo en la Argentina.

Este martes, el Senado provincial podría aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto San Jorge, la iniciativa megaminera que pretende extraer cobre, oro y plata en Uspallata con una inversión estimada de 600 millones de dólares. El debate llega en un contexto político marcado por la profundización del modelo extractivo impulsado por el Gobierno nacional y en medio de una provincia que atraviesa más de una década de crisis hídrica.

Un avance minero que refleja el giro nacional en políticas ambientales

Desde 2023, la estrategia económica nacional se centra en acelerar proyectos extractivos —minería, hidrocarburos, litio— con el objetivo de incrementar exportaciones, atraer inversión extranjera y obtener dólares. Este paradigma, sostenido por el presidente Javier Milei, incluye incluso la posibilidad de modificar la Ley de Glaciares para habilitar actividades en zonas antes protegidas.

En ese marco, Mendoza se transformó otra vez en un territorio clave. La memoria social del 2019 —cuando la ciudadanía forzó la marcha atrás de la reforma que flexibilizaba la Ley 7722— sigue vigente. Y esa tensión reapareció.

Qué propone el Proyecto San Jorge

El emprendimiento plantea una explotación a cielo abierto, que implicará la eliminación del cerro San Jorge para abrir un rajo de grandes dimensiones. El Gobierno promete:

• 4000 empleos en la etapa de construcción,

• minería “sustentable”,

• tecnología satelital de monitoreo,

• participación ciudadana en los controles,

• y respeto de la Ley 7722.

La iniciativa estuvo detenida 14 años por falta de licencia social. Esta vez, el oficialismo mendocino sostiene que “hay consenso” y que la sociedad “cambió”.

Protestas, dudas y un escenario que se repite

Las organizaciones ambientales y especialistas rechazan esa interpretación. Señalan que la crisis hídrica de más de una década hace inviable sumar un proyecto de alto consumo de agua en la cuenca del Río Mendoza, que abastece al 75% de la población provincial. También advierten sobre el uso de sustancias tóxicas como xantatos, la posible liberación de metales pesados y los riesgos del dique de colas, que consideran mal ubicado aun tras las modificaciones.

Para el geógrafo Marcelo Giraud, la iniciativa es “un refrito del proyecto rechazado en 2011”. También cuestiona las promesas económicas: la minería es altamente capital intensiva y genera menos empleo del que se anuncia, mientras que las regalías para la provincia son “irrisorias”.

A esto se suma una denuncia creciente por represión, detenciones arbitrarias dentro de la Legislatura y causas judiciales contra manifestantes que participan de las protestas.

Una provincia movilizada y una disputa que trasciende fronteras

Desde hace semanas, Mendoza registra marchas multitudinarias en el Valle de Uco, Las Heras, Luján, Godoy Cruz, Uspallata y el Gran Mendoza. La consigna vuelve a repetirse como en 2019: “El agua no se negocia”.

La votación en el Senado se da también con la mirada nacional puesta sobre la provincia. Lo que ocurra con San Jorge podría abrir la puerta a flexibilizaciones ambientales en todo el país, justo cuando el Gobierno presiona para ampliar la frontera extractiva y avanzar sobre territorios sensibles.

Lo que viene: judicialización y una batalla política en expansión

Las organizaciones anticipan que, si el proyecto es aprobado, presentarán:

• acciones de inconstitucionalidad,

• pedidos de cautelares,

• y eventualmente, la elevación del caso a la Corte Suprema o a la Corte Interamericana.
  

El conflicto, lejos de cerrarse con la votación, promete escalar. Mendoza vuelve a discutir el corazón de su modelo productivo y, al mismo tiempo, se transforma en símbolo de una disputa mayor: ¿hacia dónde va la política ambiental argentina en un país atravesado por la urgencia económica y la crisis del agua?