El gobierno suma la ley penal juvenil al temario de sesiones extraordinarias
- Telediario Digital
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El oficialismo incluyó el proyecto de ley penal juvenil en el temario del Congreso durante el período de sesiones extraordinarias. La iniciativa vuelve a poner en discusión la edad de imputabilidad, en un debate sensible que cruza seguridad, justicia y derechos de niños y adolescentes.
El Gobierno nacional decidió sumar el proyecto de ley penal juvenil a la agenda de las sesiones extraordinarias del Congreso, reactivando una discusión que genera fuertes tensiones políticas y sociales. La iniciativa busca modificar el régimen vigente y volver a debatir la edad de imputabilidad penal, uno de los puntos más controvertidos del sistema judicial argentino.
La confirmación fue realizada por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien informó que el proyecto formará parte del paquete de leyes que el Ejecutivo pretende tratar antes del inicio del período ordinario. La decisión responde a una estrategia política del gobierno de Javier Milei, que busca avanzar con reformas estructurales en materia de seguridad y justicia.
Actualmente, la legislación argentina establece los 16 años como edad mínima de imputabilidad. El proyecto impulsado desde el Ministerio de Justicia propone reducirla a los 14 años para determinados delitos graves, bajo el argumento de adecuar el sistema penal a la realidad delictiva y brindar herramientas al Estado frente a hechos de violencia protagonizados por menores.
La iniciativa ya había sido debatida en comisiones y cuenta con antecedentes parlamentarios, pero su inclusión en extraordinarias vuelve a encender la polémica. Desde sectores opositores y organismos de derechos humanos advierten sobre el riesgo de criminalizar la pobreza y la adolescencia, mientras que el oficialismo sostiene que el régimen actual resulta insuficiente para responder a delitos de extrema gravedad.
El debate se da en un contexto de alta sensibilidad social en torno a la inseguridad, un eje central del discurso del Gobierno. La apuesta oficial es lograr consensos mínimos para avanzar en el tratamiento legislativo, aunque en el propio Congreso reconocen que el camino hacia una eventual sanción será complejo y estará atravesado por fuertes cruces políticos.
Con esta decisión, el Ejecutivo vuelve a colocar la política penal en el centro de la agenda parlamentaria, anticipando un verano legislativo marcado por discusiones de alto voltaje y definiciones que pueden tener impacto directo en el sistema judicial y en la política de seguridad del país.
