El Gobierno propuso eliminar la ampliación de zonas frías Y Córdoba quedaría afuera

El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Poder Ejecutivo incluyó una medida que promete abrir un intenso debate en el Congreso: la eliminación de la ampliación del régimen de zonas frías que, desde 2021, incorporó a más de 3 millones de hogares al beneficio de un subsidio en la tarifa de gas.

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La propuesta oficial busca derogar los artículos de la Ley N° 27.637 que extendieron la cobertura más allá de las regiones históricamente contempladas —la Patagonia, la Puna y el departamento Malargüe, en Mendoza— para incluir a provincias del centro del país como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Según el Gobierno, aquella ampliación “desvirtuó” el espíritu original del régimen, pensado para asistir a los usuarios de zonas con condiciones climáticas extremas y menores ingresos.

Con este retroceso, millones de familias que en los últimos inviernos accedieron a descuentos en sus facturas de gas volverán a pagar la tarifa plena. El impacto se sentirá con especial fuerza en el interior bonaerense, en ciudades del sur de Córdoba y en gran parte de Santa Fe y Mendoza, donde las temperaturas invernales, aunque menos extremas que en la Patagonia, representan una carga significativa para los hogares.

En la Casa Rosada argumentan que la medida no solo busca devolver coherencia al régimen, sino también corregir un problema financiero de fondo. El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas registra un déficit estructural desde que se amplió el universo de beneficiarios y creció el volumen de consumo subsidiado.

Actualmente, todos los usuarios pagan un recargo del 6,8 por ciento en sus facturas para sostener ese fondo. El proyecto establece que dicho recargo no podrá superar el 7,5 por ciento del precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, aunque deja al Ejecutivo la facultad de modificarlo hasta en un 50 por ciento.

La discusión en torno a las zonas frías promete convertirse en uno de los capítulos más ásperos del debate parlamentario. En las provincias afectadas, intendentes, legisladores y organizaciones sociales ya anticipan reclamos por el retroceso en un beneficio que había significado un alivio económico directo en medio de la crisis.

El Gobierno, en cambio, insiste en que la política de subsidios debe concentrarse en quienes realmente lo necesitan y que no puede sostenerse un esquema “desbalanceado” que agrava las cuentas públicas.

El desenlace dependerá de lo que ocurra en el Congreso durante las próximas semanas. Lo que está claro es que, de aprobarse la medida, millones de familias del interior volverán a sentir el peso completo de las tarifas de gas justo cuando los inviernos se han vuelto más largos y severos en muchas zonas del país.