El campo cuestiona la tasa ambiental al metano y advierte impacto en la producción y el interior ganadero

La diputada bonaerense Lucía Klug propuso gravar las emisiones de gas metano de la ganadería. Entidades rurales calificaron la iniciativa como “increíble” y denunciaron que solo profundiza la presión fiscal sobre uno de los sectores que sostiene economías regionales en todo el país.

La propuesta de crear una Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA) disparó un fuerte cruce entre el sector agropecuario y la legislatura bonaerense. La autora del proyecto, la diputada kirchnerista Lucía Klug, plantea cobrar un adicional por las emisiones de metano que generan las vacas, mientras que desde el campo lo califican como una iniciativa “increíble” y “desconectada de la ciencia y la realidad productiva”.

El presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky, afirmó en diálogo con Radio Rivadavia que “lo único que se le ocurre a la Legislatura es gravar cada vez más a los que producen”. Según explicó, la propuesta parte de un “error conceptual” sobre la dinámica de las emisiones ganaderas: “El metano de la vaca se disocia en 9 a 12 años en vapor de agua y carbono, que es la base del pasto que después produce oxígeno y materia verde”.

Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) también salieron al cruce. En un comunicado aseguraron que crear una “tasa al metano bovino” solo suma más cargas impositivas a un sector que afronta “una de las presiones fiscales más altas del planeta”. Y fueron más allá: “Inventar la TAMBA es seguir esquilmando al que produce, sin aportar ninguna solución técnica seria o viable”.

El proyecto propone que cada establecimiento pague en función de los kilos de dióxido de carbono equivalente emitidos, bajo la lógica de “responsabilidad extendida del productor”. Los fondos recaudados se destinarían a un fideicomiso ambiental orientado a proyectos de mitigación, principalmente en la gestión de residuos urbanos. Para las entidades rurales, ese esquema resume una mirada centralista que desconoce el peso de la ganadería en las economías del interior.

En ese punto, las entidades remarcan que la medida afecta especialmente a las provincias ganaderas del país, no solo a Buenos Aires, y advierten que un nuevo impuesto sobre la actividad podría golpear el empleo, la cadena de valor y la competitividad de economías regionales enteras. “Ponen el foco en uno de los sectores que menos emite”, sostuvo Kovarsky, y alertó por una “desinformación abismal” en los fundamentos del proyecto.

El debate recién comienza y se anticipa áspero. Mientras el oficialismo bonaerense defiende la iniciativa como un mecanismo ambiental, las entidades agropecuarias presionan para frenarla y ya anticipan que podrían llevar la discusión al Congreso y a las provincias. El escenario abre un nuevo capítulo de tensión entre el campo y la política, con impacto directo en regiones que dependen de la ganadería.