Detectan mercurio y metales pesados en un dique de San Juan
- Telediario Digital
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Un estudio de la Universidad Nacional de Cuyo confirmó la presencia de mercurio, cloro y otros metales pesados en el dique Cuesta del Viento, aguas abajo de la mina Veladero. La investigación se inició tras una masiva mortandad de peces y ya fue incorporada a una causa judicial.
La contaminación del agua vuelve a encender las alarmas en San Juan. Un informe elaborado por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) confirmó la presencia de mercurio, cloro y otros metales pesados en el dique Cuesta del Viento, un reservorio clave ubicado aguas abajo de la mina Veladero, en el departamento Iglesia.
El estudio se realizó luego de que vecinos detectaran, a comienzos de noviembre, una impactante mortandad de peces en las costas del dique. Ante la falta de respuestas oficiales convincentes, la Asamblea “Jáchal no se toca” impulsó un análisis independiente del agua, cuyos resultados contradicen la versión inicial del Gobierno provincial, que había atribuido el fenómeno a una supuesta falta de oxígeno.
Según explicó el activista ambiental Saúl Ceballos, integrante de la asamblea, las muestras tomadas revelaron niveles de oxígeno compatibles con la vida acuática, pero también la presencia de mercurio en concentraciones similares a las detectadas tras el derrame ocurrido en 2015 en Veladero.
“Eso descarta la hipótesis oficial y refuerza la sospecha de un nuevo episodio de contaminación”, sostuvo.
El informe fue presentado ante la Justicia de Jáchal y se incorporó a una causa por presunto envenenamiento de aguas. Además del mercurio, se detectaron compuestos como cloro, cuya presencia —según denunciaron los ambientalistas— podría estar vinculada al uso de sustancias para neutralizar cianuro en caso de derrames mineros.
La situación genera una fuerte preocupación social: el agua del río Jáchal y del dique Cuesta del Viento es utilizada para riego, consumo indirecto y pesca, en una provincia donde el recurso hídrico es escaso y estratégico.
Desde la asamblea advierten que no se emitieron alertas sanitarias claras para la población ni para quienes consumen peces de la zona.
El caso vuelve a poner en debate el control estatal sobre la megaminería, la transparencia en el acceso a la información ambiental y el impacto de estos emprendimientos en las economías regionales y la salud de las comunidades del interior profundo.