Córdoba lidera el ranking carcelario y abre un debate incómodo sobre seguridad y justicia

Con 377 personas privadas de la libertad cada 100 mil habitantes, Córdoba encabeza la tasa de encarcelamiento del país. El dato reaviva la discusión sobre sobrepoblación, prisión preventiva y políticas de seguridad a largo plazo.

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Córdoba se convirtió en la provincia con la tasa de encarcelamiento más alta de la Argentina, según un informe reciente del Comité Nacional contra la Prevención de la Tortura. La cifra es contundente: 377 internos cada 100 mil habitantes, muy por encima del promedio nacional, que se ubica en 258.

El ranking continúa con Mendoza (308), Buenos Aires (305), Salta (287) y Santa Fe (286). Si bien los números están estandarizados por población, la brecha entre jurisdicciones expone realidades penales muy distintas dentro del país.

El informe advierte que, pese a la ampliación de plazas carcelarias en los últimos años, la sobrepoblación persiste. Uno de los factores centrales es el endurecimiento de las políticas penales y el aumento de las prisiones preventivas: hoy, 5 de cada 10 personas detenidas están a la espera de un juicio.

A esto se suma la acumulación de causas para evitar la llamada “puerta giratoria”, una estrategia que busca reducir la reincidencia, pero que impacta de lleno en la saturación del sistema penitenciario.

Ante este escenario, se multiplicaron los reclamos judiciales por hacinamiento y condiciones de detención. Entre las medidas paliativas que se analizan figuran la ampliación de pabellones, mejoras edilicias y un mayor uso de tobilleras electrónicas, exclusivamente para casos de prisión domiciliaria, una alternativa que genera debate por sus antecedentes y controles.

En paralelo, Córdoba avanza con la construcción de una cárcel de máxima seguridad, prevista para inaugurarse en 2026, en un intento por redistribuir la población penal y aliviar la presión sobre los establecimientos existentes.

En la provincia, los delitos más frecuentes entre la población carcelaria son los delitos contra la propiedad, seguidos por los delitos contra las personas y los delitos de carácter sexual. El dato refuerza una discusión más profunda: hasta qué punto el aumento de encarcelamientos resuelve el problema de la inseguridad.

Especialistas advierten que, sin políticas sostenidas en educación, inclusión y prevención, el sistema termina reproduciendo un círculo de reincidencia, donde la cárcel no logra cumplir su rol de reinserción social. El desafío, coinciden, excede la coyuntura y requiere acuerdos a largo plazo que hoy siguen ausentes.