Créditos bajo la lupa: denuncian beneficios a funcionarios libertarios

Una presentación impulsada por la diputada Mónica Frade apunta a posibles irregularidades en créditos otorgados por el Banco Nación; un funcionario ya fue desplazado en medio de la polémica.

Se denuncia el otorgamiento de créditos del Banco Nación a funcionarios, legisladores y personas vinculadas al oficialismo. La presentación, realizada por la diputada Mónica Frade, busca determinar si existieron beneficios indebidos en préstamos de alto monto que, según se indicó, crecieron de manera significativa en los últimos meses.

De acuerdo a lo expuesto, los créditos habrían pasado de montos cercanos a los 60 millones de pesos a cifras que superan los 300 millones. Entre los nombres mencionados aparecen funcionarios del área económica y legisladores, lo que abre interrogantes sobre los criterios de evaluación utilizados para aprobar esos financiamientos.

Frade planteó dudas concretas sobre estas operaciones: advirtió que se trata de créditos a largo plazo y de alto riesgo, y cuestionó que se hayan otorgado a personas que, por su perfil, podrían presentar dificultades en el repago. También puso el foco en una posible desigualdad en el acceso al crédito, al señalar que muchos ciudadanos no logran acceder a financiamiento en condiciones similares.

Del listado de nombres en Córdoba, donde aparece mencionado el diputado de La Libertad Avanza Marcos Patiño Brizuela, quien habría accedido a un crédito por 164 millones de pesos en agosto de 2025. A su vez, se suma la situación de Pablo Rodríguez, yerno del dirigente Sergio Donigián, vinculado al entorno de Sergio Patiño Brizuela, que habría recibido un préstamo por 250 millones en el mismo período.

El caso no quedó solo en la denuncia judicial. En las últimas horas, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pidió la renuncia de su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, tras conocerse que había accedido a un crédito cercano a los 420 millones de pesos.

Desde el entorno de la ministra señalaron que la decisión no responde a una irregularidad técnica, sino a una cuestión de coherencia política. La gestión sostiene una línea de “austeridad” y considera incompatible que funcionarios de alto rango accedan a préstamos millonarios en un contexto económico complejo.