Corrupción en la ANDIS: la justicia avanzó contra Diego Spagnuolo
- Telediario Digital
- 9 feb
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El juez federal Sebastián Casanello procesó al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, sin prisión preventiva, y le impuso un embargo por más de $200 millones. La causa también alcanza a exfuncionarios y empresarios.
La Justicia federal procesó a Diego Spagnuolo en el marco de la causa que investiga presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. La resolución, firmada por el juez Sebastián Casanello, lo alcanza sin prisión preventiva pero con un embargo superior a los $200 millones, además de imputaciones penales de alto impacto.
Según la decisión judicial, Spagnuolo fue procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado nacional y asociación ilícita. En el mismo expediente también fueron procesados el exfuncionario Diego Garbellini, el empresario Miguel Ángel Calvete, su hija y otros 14 imputados.
La investigación se originó tras la difusión de audios que se viralizaron en agosto del año pasado. En esas grabaciones, una voz atribuida a Spagnuolo denuncia un supuesto sistema de retenciones del 8% en compras de medicamentos, que habría involucrado a sectores del poder político y a la droguería Suizo Argentina. “A mí me están defalcando la agencia”, se escucha decir en uno de los fragmentos.
En esos audios, el ex titular de ANDIS también menciona a Eduardo “Lule” Menem —vinculado al entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei— y asegura contar con mensajes como respaldo. “Esto es un kiosco de 20 o 30 mil dólares por mes”, afirma, al tiempo que intenta despegarse de la operatoria al sostener que se realizaba “a sus espaldas”.
Más allá de las responsabilidades individuales, la causa vuelve a poner bajo la lupa el manejo de fondos públicos destinados a políticas de discapacidad, un área especialmente sensible para miles de familias en todo el país. Desde una mirada federal, el impacto no es menor: cualquier irregularidad en ANDIS afecta directamente a provincias y municipios que dependen de estos recursos para garantizar tratamientos, prestaciones y medicamentos.
El expediente sigue abierto y no se descartan nuevas medidas judiciales. En el plano político, el avance de la causa promete reavivar tensiones dentro del oficialismo y reabrir el debate sobre los mecanismos de control del Estado en áreas sociales clave. La noticia, además, continúa en desarrollo.
